Keiko Fujimori nombró a Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Arsenio Oré, tres exinvestigados del caso Cócteles, como integrantes de la Comisión Consultiva de su Despacho Presidencial. El proceso fue archivado por el Tribunal Constitucional y ninguno de ellos tiene una condena por esos hechos. Esa precisión jurídica es indispensable. Pero igualmente necesaria es la pregunta política: ¿eran realmente los perfiles más apropiados para asesorar a la Presidencia?
El país esperaba señales de renovación, independencia y transparencia. Keiko respondió convocando a figuras estrechamente vinculadas con Fuerza Popular, su historia política y una de las investigaciones más controvertidas de los últimos años. Curiosa manera de inaugurar una nueva etapa: desempolvando el antiguo directorio.
Yoshiyama fue uno de los principales investigados del caso Cócteles. La Fiscalía lo incluyó en una acusación por presunto lavado de activos y organización criminal, y sostuvo que habría intervenido en la recepción y ocultamiento de aportes para la campaña fujimorista de 2011.
Chlimper, ex secretario general de Fuerza Popular, fue investigado por presuntos delitos relacionados con el financiamiento partidario. Tanto él como Yoshiyama se desempeñaron como ministros durante el régimen autoritario de Alberto Fujimori. Oré, por su parte, fue incorporado a una investigación por presunta obstrucción a la justicia vinculada con su actuación como abogado.
Se trató de imputaciones fiscales y no de sentencias condenatorias. Sin embargo, una comisión presidencial no se evalúa únicamente con el Código Penal en la mano. También importan la idoneidad, la independencia, la confianza pública y el mensaje institucional que transmite cada nombramiento.
Keiko Fujimori pudo convocar a especialistas sin militancia, compromisos partidarios ni antecedentes públicos capaces de reabrir sospechas. Prefirió colocar cerca de su despacho a personas de su círculo político. Si buscaba disipar la imagen de un gabinete en las sombras, eligió una forma bastante creativa de encender la luz.
Los integrantes ejercerán sus funciones ad honorem. Pero trabajar sin remuneración no significa carecer de poder. En Palacio, la influencia no necesita boleta de pago: basta con acceso directo a quien gobierna.
Los nombramientos pueden ser legales, pero resultan políticamente cuestionables. La Presidencia no debe convertirse en refugio de antiguas lealtades ni en una reunión de conocidos protegida por un decreto supremo.
Reflexión final
Keiko Fujimori tenía la oportunidad de demostrar que podía gobernar fuera de su círculo histórico. Eligió volver a él. Cuando tres exinvestigados del caso Cócteles ingresan como asesores presidenciales, el pasado no queda superado: recibe credencial, despacho y asiento en la mesa del poder. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).