El paciente no es una billetera cautiva. Las clínicas que cobran medicamentos a precios desproporcionados deben explicar sus tarifas y responder ante las autoridades cuando existan infracciones. No basta una recepción impecable, un descuento llamativo o una factura extensa para justificar una cuenta. La medicina privada tiene derecho a obtener ganancias; aprovechar la vulnerabilidad del enfermo es éticamente inadmisible. Quien necesita tratamiento no está entregando un cheque en blanco.
Las denuncias tienen antecedentes concretos. Una investigación de Cuarto Poder reportó un cobro de S/326 por una ampolla de Cutenox de 40 miligramos en la clínica San Pablo, frente a S/7 en el sector público. Incluso con una cobertura del 90%, el paciente asumiría S/32,60. Son precios históricos entre canales distintos, no una comparación actual ni prueba automática de ilegalidad. Pero la magnitud de la diferencia reclamaba explicaciones.
Indecopi investigó este mercado tras denuncias ciudadanas y reportajes. Encontró un precio máximo de S/44,80 para azitromicina de 500 mg en clínicas, frente a S/26,90 en farmacias y boticas externas. Las ofertas no necesariamente correspondían a idéntica marca. Esa precisión es necesaria; no elimina la obligación de examinar las diferencias.
Las clínicas deben dejar de tratar las preguntas sobre sus precios como una incomodidad. Si el almacenamiento, la conservación y la dispensación justifican sus tarifas, que lo expliquen con información verificable. Nombrar esos costos no demuestra cuánto representan. Una factura acredita lo que se cobra; no demuestra que el cobro esté justificado.
Tampoco basta anunciar descuentos. Antes de celebrar cuánto se rebaja, corresponde explicar sobre qué tarifa se calcula. Una familia angustiada merece entender la cuenta sin convertirse en especialista en seguros, medicamentos y contratos.
La libertad de elegir pierde fuerza cuando decidir implica interrumpir una atención o buscar alternativas en plena incertidumbre. Por eso, la protección debe ser mayor donde la vulnerabilidad aumenta. Pedirle al enfermo que se defienda solo es trasladarle una tarea que también corresponde al Estado.
Indecopi debe sacudirse cualquier letargo y rendir cuentas sobre el seguimiento de sus investigaciones. ¿Qué recomendaciones se aplicaron? ¿Qué prácticas cambiaron? ¿Qué problemas persisten? Un informe no puede funcionar como certificado de tarea cumplida.
Susalud y Digemid también deben demostrar resultados. Las reformas de 2024 incorporaron obligaciones de información y ofrecimiento de alternativas genéricas. La pregunta es cómo se fiscalizan y qué ocurre cuando se incumplen.
La Caja Negra exige cuentas desglosadas, precios comparables, alternativas efectivas e investigaciones oportunas. Donde se acrediten infracciones, deben aplicarse sanciones. Donde la regulación resulte insuficiente, corresponde corregirla. La indignación ciudadana merece respuestas, no otra recomendación destinada al archivo.
Reflexión final
No se cuestiona que una clínica cobre por atender. Se exige que explique sus precios, respete derechos y responda por sus prácticas.
El dolor ya tiene un costo humano. Convertirlo en una ventaja comercial es inaceptable. Y dejar al paciente sin protección también. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).