Cien días después, el Congreso bicameral ofrece una demostración de abundancia documental y escasez de resultados: casi 800 iniciativas presentadas y apenas dos leyes aprobadas, según el balance publicado por La República. La producción de propuestas tiene velocidad; su transformación en decisiones parece viajar por otra carretera. Para exhibir actividad, sobran expedientes. Para acreditar utilidad pública, todavía faltan explicaciones.
El problema no consiste en exigir una fábrica de leyes. Aprobar normas deficientes puede causar más daño que rechazarlas. Pero tampoco corresponde convertir la deliberación en una coartada para la parálisis. La bicameralidad debía mejorar la revisión y la calidad legislativa. Si añade trámites sin demostrar mejores decisiones, la ciudadanía tiene derecho a preguntar qué ganó con el cambio.
Presentar proyectos permite anunciar compromisos, publicar fotografías y acumular titulares. Conseguir que una propuesta supere el examen técnico, reúna consensos y responda a un problema concreto exige trabajo menos vistoso. El Parlamento debe demostrar que conoce esa diferencia. Un número de expediente no mejora por sí mismo una escuela, protege a una víctima ni fortalece una investigación criminal.
Las dos iniciativas que consiguieron aprobación final fueron la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo y un crédito suplementario de S/8.228,4 millones. El debate sobre las facultades ocupó casi dos meses. Ambas decisiones pueden tener relevancia, pero no sustituyen una agenda parlamentaria propia, equilibrada y sometida a fiscalización. Resulta incómodo que uno de los principales resultados legislativos consista precisamente en autorizar al Gobierno a legislar.
Ahora el Senado deberá demostrar su utilidad al revisar las propuestas aprobadas por los diputados, incluidas las dirigidas a revertir normas cuestionadas por sus efectos sobre la persecución del delito. La revisión rigurosa exige argumentos, audiencias pertinentes y plazos razonables. Mantener asuntos sensibles en espera, sin explicar prioridades, solo alimentará la sospecha de conveniencia política.
Las autoridades de ambas cámaras deben publicar un seguimiento comprensible: qué proyectos avanzan, cuáles se acumulan, por qué se retrasan y quién conduce cada trámite. También deben explicar los resultados de su fiscalización y representación. El trabajo parlamentario es más amplio que aprobar leyes; justamente por eso debe rendirse cuenta de todas sus funciones.
Reflexión final
El Congreso no necesita presumir cuántas iniciativas ingresan, sino demostrar cuáles merecen avanzar y para qué. Cien días no permiten sentenciar una legislatura completa, pero sí exigir correcciones. Dos cámaras deberían ofrecer mejores decisiones. Si únicamente duplican las oportunidades de anunciar y postergar, la reforma habrá mejorado el recorrido del expediente mientras el ciudadano sigue esperando. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).
