¡Escándalo! Siete dirigentes sudamericanos con investigaciones

El fútbol sudamericano exige disciplina en la cancha mientras sus principales despachos acumulan investigaciones y denuncias que reclaman respuestas. Alejandro Domínguez, Claudio Tapia, Agustín Lozano, Ramón Jesurún, Fernando Costa, Pablo Milad y Francisco Egas aparecen en actuaciones judiciales, fiscales o éticas con participaciones diferentes.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol. Fue señalado en una denuncia ante Ética de la FIFA por supuestos pagos superiores a US$5 millones procedentes de fondos recuperados del FIFAGate. Asimismo, ABC Color de Paraguay reportó transferencias por aproximadamente US$3,5 millones del Grupo Vázquez a su cuenta personal mediante Ueno Bank, bajo el concepto de anticipos de comisiones. El banco también mantenía relaciones comerciales y financieras con Conmebol. Domínguez debe explicar qué servicios prestó y cómo se gestionaron los posibles conflictos de interés.

Claudio Tapia, presidente de la AFA. La Justicia argentina confirmó su procesamiento por presunta retención indebida de aportes y contribuciones. También se investiga un supuesto enriquecimiento ilícito relacionado con su actuación como funcionario de CEAMSE, mediante diligencias orientadas a reconstruir su patrimonio. Paralelamente, describen pesquisas estadounidenses sobre contratos internacionales y el circuito financiero de la AFA. La dirigencia debe mostrar cómo se cobran esos ingresos, quiénes intervienen y qué comisiones reciben. El prestigio deportivo no explica una transferencia ni reemplaza una auditoría.

Agustín Lozano, presidente de la FPF. Afronta una acusación por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como alcalde de Chongoyape y un proceso por defraudación tributaria. Además, existen investigaciones vinculadas con la administración federativa. La Fiscalía comunicó que adecuó la imputación de organización criminal a concurso real de delitos, manteniendo pesquisas por presunto fraude en la administración de personas jurídicas, corrupción privada, coacción y lavado de activos. La FPF necesita controles independientes y explicaciones verificables.

Ramón Jesurún, colombiano, presidente de la FCF. Acolfutpro presentó una querella ante la Fiscalía por presunta vulneración de los derechos de reunión y asociación sindical, relacionada con restricciones al encuentro del gremio con jugadores de la selección. La denuncia obliga a examinar cómo se garantiza la representación colectiva de los futbolistas. Una federación que obtiene ingresos y reconocimiento de su trabajo debe respetar también sus espacios de interlocución. La camiseta nacional no suspende los derechos laborales.

Fernando Costa, boliviano, presidente de la FBF. Fue citado y declaró como testigo en febrero de 2024 dentro del caso Sebastián Marset, relacionado con narcotráfico y con la participación del uruguayo en un club utilizando otra identidad. En noviembre de 2026, legisladores solicitaron investigar supuestas irregularidades financieras y presuntos vínculos con exautoridades judiciales. La fiscalización debe esclarecer operaciones, relaciones y responsabilidades con documentos. La batalla de comunicados no permite conocer cómo funcionaron los controles del fútbol boliviano.

Pablo Milad, chileno, presidente de la ANFP. Declaró como testigo ante la Policía de Investigaciones en enero de 2025, dentro de la pesquisa sobre contratos con casas de apuestas. Su testimonio abordó la relación de la ANFP con Betsson y las condiciones del patrocinio. Su administración también debe responder por la clausura municipal de la sede de Quilín. Una organización que exige cumplimiento administrativo a los clubes pierde autoridad cuando sus propias oficinas arrastran problemas de regularización.

Francisco Egas, ecuatoriano, presidente de la FEF. Fue citado a rendir versión en una investigación previa por posible falsificación y uso de documentos falsos durante el proceso electoral federativo. Las diligencias incluyeron solicitudes de documentación certificada y preservación de archivos digitales. La legitimidad de una elección debe sostenerse en expedientes verificables. Los votos respaldan una candidatura; no eliminan la obligación de entregar los documentos requeridos por la Fiscalía.

Las federaciones y la Conmebol deben garantizar auditorías independientes, contratos fiscalizados y cooperación con las autoridades. Quien administra recursos del fútbol debe aceptar que su gestión sea examinada con rigor.

Reflexión final
El fútbol sudamericano no necesita más discursos de transparencia: necesita practicarla. Los dirigentes deben responder con documentos y permitir controles que no dependan de su aprobación. El cargo concede poder para decidir y, por esa misma razón, impone la obligación de rendir cuentas. Ojalá que la ley cumpla su labor con la celeridad del caso; Sudamérica estará vigilante. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).

Lo más nuevo

Artículos relacionados