Fiscalía paraguaya incauta aeronave que fue utilizada por Conmebol

La Fiscalía de Paraguay incautó una aeronave utilizada por Conmebol mediante contratos de alquiler. El procedimiento forma parte de la investigación del caso Ueno Bank y exige respuestas de quienes administran el fútbol sudamericano. ¿Cuánto pagaron por esos vuelos? ¿Quién autorizó los contratos? ¿Qué controles aplicaron al proveedor? La transparencia que la confederación proclama debe comenzar por explicar sus propios gastos.

El operativo se realizó recientemente en un hangar del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. El Gulfstream G-IV está vinculado con empresas del Grupo Vázquez. El fiscal Francisco Cabrera confirmó que encontraron documentación de alquileres a Conmebol y anunció cooperación con Estados Unidos para reconstruir la trazabilidad de la aeronave. La investigación busca esclarecer operaciones patrimoniales relacionadas con el banco intervenido.

Conmebol debe identificar los servicios contratados, sus costos y su finalidad. No basta afirmar que los desplazamientos eran necesarios: corresponde mostrar cómo se eligió al operador, qué tarifas se compararon y quién verificó las prestaciones. Los recursos institucionales requieren controles institucionales. La comodidad de una autoridad no constituye, por sí sola, una necesidad del fútbol.

La documentación revisada por la Fiscalía sospecha una relación patrimonial directa entre Alejandro Domínguez y el avión incautado. Utilización y propiedad son cuestiones diferentes. Esa precisión deja intacta la obligación de responder por las decisiones comerciales de la confederación: contratar exige diligencia; autorizar pagos exige respaldo.

La revisión debe abarcar contratos, facturas, autorizaciones y posibles conflictos de interés. También debe establecer qué funcionarios viajaron, qué actividades justificaron sus desplazamientos y si los costos guardaban proporción con los servicios recibidos. Las explicaciones deben permitir verificar el gasto, no limitarse a tranquilizar al público.

Las asociaciones miembro tienen que exigir una auditoría independiente y conclusiones públicas. Aprobar balances sin examinar operaciones cuestionadas convierte la supervisión en una ceremonia administrativa. Si hubo controles suficientes, deben exhibirse; si fallaron, corresponde identificar responsables y corregir los procedimientos. Una auditoría destinada a permanecer archivada apenas añadiría otro gasto al problema.

Reflexión final
La Fiscalía incautó un avión; Conmebol debe abrir sus contratos. La rendición de cuentas no necesita esperar al último fallo judicial. El fútbol merece saber cuánto se pagó, para qué y quién lo autorizó. Una institución que exige rigor a sus afiliados debe aplicárselo primero a quienes firman desde sus despachos. El prestigio no se protege evitando preguntas, sino respondiéndolas con documentos. ¿Los diez presidentes federativos solicitarán investigaciones?

Lo más nuevo

Artículos relacionados