El Perú atraviesa una de sus crisis más silenciosas y, al mismo tiempo, más devastadoras: la extorsión se ha convertido en una forma paralela de gobierno. Ya no se trata de delitos aislados ni de bandas marginales actuando en la sombra. Hoy, transportistas, comerciantes, colegios, pequeños empresarios, bodegueros y hasta familias enteras viven bajo una lógica de amenaza permanente. La pregunta ya no es si alguien ha sido extorsionado, sino quién será el siguiente. Cuando el miedo organiza la vida cotidiana, el Estado ha dejado de cumplir su función esencial.
Las noticias se repiten con una normalidad alarmante: conductores asesinados por negarse a pagar cupos, colegios privados cerrando por amenazas, emprendedores abandonando sus negocios, mercados enteros sometidos al cobro ilegal y barrios donde la autoridad real no la ejerce la Policía, sino las mafias. La extorsión ya no distingue rubro ni tamaño económico. Se ha expandido desde el transporte público hasta las pequeñas bodegas de barrio.
Mientras tanto, las respuestas oficiales oscilan entre operativos mediáticos, declaraciones de emergencia y promesas que no alteran la estructura del problema. El ciudadano escucha anuncios, pero sigue pagando para sobrevivir. Y cuando pagar extorsión parece más efectivo que denunciar, la institucionalidad entra en una derrota moral.
La extorsión no crece solo por la audacia del crimen, sino por la debilidad del Estado. Las mafias prosperan donde la justicia tarda, donde la Policía carece de inteligencia operativa, donde la prisión no corrige sino fortalece redes criminales, y donde la política convierte la seguridad en discurso de campaña y no en política pública sostenida.
El crimen organizado ha entendido algo que la política aún se resiste a asumir: controlar el miedo es controlar el territorio. No necesitan ocupar un ministerio si ya dominan las calles. No requieren elecciones si ya imponen reglas. La extorsión funciona como un impuesto ilegal, obligatorio y violento. Quien no paga, desaparece del negocio o de la vida.
Aquí aparece la dimensión más grave: la normalización. Cuando los comerciantes incluyen el “cupo” dentro de sus costos, cuando los padres aceptan que el colegio de sus hijos cierre por amenazas, cuando el transportista sale a trabajar sabiendo que puede no volver, la sociedad empieza a convivir con el delito como si fuera parte inevitable del sistema.
Desde esta tribuna, la posición es clara: el problema no es solo criminal, es profundamente político. El Estado ha cedido espacios fundamentales de autoridad. La inseguridad no se combate con conferencias de prensa ni con estados de emergencia repetidos que no modifican la realidad. Se combate con inteligencia, reforma policial, sistema judicial eficiente, control penitenciario y una estrategia nacional que no dependa del cálculo electoral.
También exige valentía política. Porque enfrentar mafias significa tocar intereses, desmontar complicidades y asumir costos. Y allí aparece una de las mayores fallas: demasiadas autoridades prefieren administrar la crisis antes que confrontarla de verdad.
El Perú del miedo no nació de un día para otro. Se construyó con indiferencia, impunidad y abandono. Hoy la extorsión ya no actúa al margen del sistema: se ha infiltrado en él y, en muchos lugares, ha reemplazado al Estado como poder efectivo. La tragedia no es solo que existan criminales. La tragedia es que demasiados ciudadanos sienten que están solos frente a ellos. Y cuando la gente deja de confiar en la protección pública, la democracia empieza a vaciarse desde abajo. Porque un país no se derrumba únicamente cuando cae su economía o fracasa su política. También se derrumba cuando salir a trabajar se convierte en un acto de supervivencia. (Foto: LR).