La Conmebol vuelve a quedar atrapada en aquello que dice haber superado: opacidad, millones y explicaciones pendientes. Documentos difundidos por el medio paraguayo Sin Falta señalan que Alejandro Domínguez habría firmado en 2020 un acuerdo con la familia de Nicolás Leoz para “recuperar” más de 50 millones de dólares. El dato no es menor. Nicolás Leoz representa uno de los capítulos más oscuros del poder futbolístico sudamericano. Por eso, cualquier negociación vinculada a su entorno debía hacerse con absoluta transparencia, no entre cláusulas reservadas, renuncias legales y fideicomisos poco explicados.
Según la denuncia periodística, el acuerdo incluiría una cláusula en la que la Conmebol se declara resarcida y renuncia a accionar judicialmente contra la familia Leoz. Si eso se confirma, la pregunta cae por su propio peso: ¿cómo puede una institución presentarse como abanderada de la transparencia mientras firma acuerdos que le cierran la puerta a futuras acciones legales? Peor aún: ABC de Paraguay reportó que en 2020 se formalizaron acuerdos donde la Conmebol desistía “en forma irrevocable” de acciones civiles, penales, administrativas o de cualquier naturaleza contra la sucesión de Leoz, a cambio de al menos 51,2 millones de dólares.
Aquí no basta con decir que se recuperó dinero. Hay que explicar cómo, de dónde salió, por qué vías ingresó, en qué cuentas quedó, quién lo administró y cuál fue su destino final. Porque cuando una entidad que maneja el fútbol continental recibe decenas de millones mediante acuerdos extrajudiciales, la transparencia no es un adorno: es una obligación moral e institucional.
También resulta inquietante que la propia Conmebol haya comunicado en octubre de 2020 que había recuperado más de 53,5 millones de dólares vinculados a Nicolás Leoz y Eduardo Deluca en el marco del FIFA Gate. Esa versión oficial, lejos de cerrar el debate, lo vuelve más exigente: si hubo recuperación, debe haber trazabilidad pública, documentos completos y rendición verificable.
El punto más delicado es la posible participación patrimonial de Josué Leoz, señalado en la denuncia como persona con una presunta discapacidad que podría afectar su capacidad para decidir sobre montos millonarios. Ese extremo debe investigarse con seriedad por las autoridades competentes, sin espectáculo, pero sin encubrimiento.
Alejandro Domínguez y la Conmebol deben explicaciones claras. No comunicados de autopromoción. No frases sobre “nueva Conmebol”. Documentos, fechas, montos, cuentas y destino final del dinero. Eso exige la gravedad del caso.
Reflexión final
El fútbol sudamericano no puede seguir administrándose como si la memoria fuera corta y la indignación pasajera. Cuando una institución promete limpiar el pasado, pero negocia en zonas grises, el problema ya no es solo Leoz. El problema es que la sombra del viejo fútbol sigue viva bajo nuevos discursos. (Foto: D10. Últimahora.com).