La segunda vuelta no puede discutirse solo a partir de gestos de campaña, frases moderadas o intentos tardíos de maquillar posiciones incómodas. El plan de gobierno de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, contiene propuestas que deben ser examinadas con rigor antes de que el país vuelva a votar. Entre ellas destacan la creación de un llamado “Poder Popular” dentro de la estructura del Estado y mecanismos de vigilancia sobre medios de comunicación. No se trata de detalles técnicos ni de adornos programáticos: son ideas que tocan directamente la arquitectura democrática y las libertades ciudadanas.
Según la información difundida por Perú21, el plan de gobierno de Sánchez plantea reestructurar el Estado mediante la incorporación de un “Poder Popular”, definido como una forma de organización ciudadana para intervenir directamente en decisiones políticas, económicas y sociales. Además, propone veedurías ciudadanas para medios de comunicación y redes sociales, con la finalidad de supervisar contenidos y alertar sobre mensajes considerados violentos, discriminatorios o perjudiciales para la ciudadanía. Constitucionalistas consultados por ese medio han advertido similitudes con modelos aplicados en Venezuela y riesgos para la libertad de expresión.
El problema no es promover participación ciudadana. Una democracia sana necesita ciudadanos activos, organizados y vigilantes. El problema aparece cuando esa participación se pretende convertir en un poder estatal adicional, reconocido oficialmente y potencialmente instrumentalizado desde el gobierno. Bajo nombres nobles pueden esconderse mecanismos de control. La historia latinoamericana enseña que ciertas fórmulas presentadas como “voz del pueblo” han terminado siendo correas de transmisión del poder político.
Algo similar ocurre con las veedurías sobre medios. Nadie defiende la desinformación, la violencia ni la discriminación. Pero entre exigir responsabilidad periodística y crear instancias que vigilen contenidos desde una lógica cercana al Estado hay una frontera peligrosa. La libertad de prensa no necesita tutores políticos. Necesita reglas claras, ciudadanía crítica, autorregulación, justicia independiente y pluralidad. Cuando un gobierno empieza a decidir qué comunicación es “responsable”, la libertad empieza a respirar con dificultad.
Desde esta tribuna, la advertencia es clara: la segunda vuelta exige mirar más allá del discurso moderado de campaña. Si un candidato incluye en su plan propuestas que podrían alterar el equilibrio de poderes o condicionar el ejercicio libre de la prensa, corresponde interrogarlo sin complacencia. Roberto Sánchez tiene la obligación democrática de explicar si mantiene esas ideas, cómo las aplicaría, qué límites respetaría y qué garantías ofrece para que no se conviertan en herramientas de control político.
La ciudadanía no puede votar a ciegas. Menos aún en un país con instituciones débiles, Congreso fragmentado y memoria reciente de autoritarismos, abusos y crisis constitucionales. Las libertades no suelen perderse de golpe; muchas veces se erosionan bajo el lenguaje de la participación, la regulación o el interés público.
Las propuestas que Roberto Sánchez no comenta con suficiente claridad merecen debate nacional. No porque toda reforma sea peligrosa, sino porque toda reforma que toque libertad de expresión, medios y estructura del Estado debe ser transparente, precisa y constitucionalmente compatible.
El Perú no necesita poderes paralelos ni vigilancia política sobre la prensa. Necesita instituciones fuertes, ciudadanos libres y gobiernos sometidos al control democrático. En segunda vuelta, la pregunta no debe ser solo quién gana. Debe ser qué está dispuesto a hacer con el poder quien pretende gobernar. (Foto: Andina).