Petroperú vuelve a extender la mano. Ahora pide un nuevo respaldo por US$2.000 millones para evitar que sus refinerías se paralicen. La empresa estatal presenta el pedido como una emergencia nacional, pero el país ya conoce demasiado bien este libreto: primero se habla de abastecimiento, luego de estabilidad energética, después de urgencia financiera y, finalmente, aparece el contribuyente como salvavidas obligatorio. Desde 2013, el Estado ha destinado más de S/20.200 millones para sostener a Petroperú. Una cifra tan grande que ya no parece rescate, sino adicción presupuestal.
El argumento oficial es que, sin apoyo, Talara y Conchán podrían detenerse y afectar el suministro de combustibles. Muy dramático. Pero la pregunta que nadie quiere responder con claridad es más simple: ¿cómo una empresa que ha recibido miles de millones sigue al borde del colapso? Si después de capitalizaciones, garantías, préstamos y transferencias la petrolera continúa pidiendo oxígeno, el problema no es solo financiero. Es de gestión, de eficiencia y de responsabilidad.
Petroperú parece haberse convertido en una compañía donde las pérdidas se socializan, las urgencias se dramatizan y las reformas se prometen para después. El Estado pone la billetera; la ciudadanía pone la paciencia; la empresa pone las excusas. Y mientras tanto, se habla poco de salarios, productividad, contratos, decisiones fallidas, sobrecostos y una reestructuración verdadera que nunca llega con la misma rapidez con que llegan los pedidos de dinero.
Lo más irritante es la normalización del rescate. Cada nuevo apoyo se presenta como excepcional, pero todos juntos forman una costumbre carísima. En cualquier empresa privada, semejante historial exigiría cambios radicales, auditorías profundas y responsables visibles. En Petroperú, en cambio, el agujero se tapa con más recursos y se le llama política energética.
El nuevo pedido de US$2.000 millones no puede aprobarse como otro cheque en blanco. Si el Estado decide respaldar, debe imponer condiciones duras: auditoría independiente, cambio de gestión, metas públicas, reducción de costos, transparencia absoluta y sanciones por negligencia. Sin eso, no será rescate; será complicidad financiera.
Reflexión final
Petroperú no puede seguir siendo el barril sin fondo de la república. Una empresa estatal debe servir al país, no convertirlo en su cajero automático. Porque cuando una petrolera recibe miles de millones y sigue amenazando con apagarse, el problema ya no está solo en el precio del crudo. Está en una estructura que aprendió a sobrevivir sin rendir cuentas. Y eso, más que crisis energética, es una vergüenza fiscal. (Foto: rcrperu.com).