El posible indulto a Pedro Castillo vuelve a colocar al país frente a una pregunta incómoda: ¿se está usando una facultad presidencial con fines de justicia o como moneda de cálculo político? La designación de Lesli Gonzales Cabanillas como nueva integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales ha encendido sospechas porque esta instancia técnica debe evaluar pedidos de indulto y gracias presidenciales. El Ministerio de Justicia sostiene que solo se trata de cubrir una plaza vacante y ha rechazado versiones sobre un indulto en marcha; sin embargo, el contexto político, los antecedentes y las coincidencias obligan a mirar el caso con extrema vigilancia.
Pedro Castillo solicitó formalmente el indulto al presidente José María Balcázar en febrero de 2026, apenas iniciado el gobierno interino. El pedido llegó pese a que Castillo fue condenado en primera instancia a once años y medio de prisión por conspiración para la rebelión, derivada del fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022, y su caso aún se encontraba en apelación. Según reportes periodísticos, la legislación peruana impediría conceder un indulto común si la sentencia no está firme, salvo supuestos humanitarios que requieren sustento médico.
La nueva conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales incluye a Gonzales Cabanillas, directora de Desarrollo Jurídico y Calidad Regulatoria del Minjus. Perú21 ha señalado vínculos de origen y entorno familiar con Chota, Cajamarca, la misma provincia de Castillo, así como publicaciones de sus padres en defensa del exmandatario durante su gobierno. Esos elementos no prueban parcialidad por sí solos, pero sí plantean una duda razonable sobre la apariencia de independencia que debe tener una comisión encargada de evaluar un caso tan sensible.
El indulto presidencial no puede tratarse como un favor entre conocidos, ni como una llave política para mover votos en plena campaña. Es una institución excepcional del Estado, no un atajo para corregir simpatías, deudas partidarias o cálculos electorales. En el caso Castillo, la sensibilidad es mayor porque no hablamos de un condenado cualquiera, sino de un expresidente sentenciado en primera instancia por hechos vinculados al quiebre del orden constitucional.
La defensa del debido proceso vale para todos, incluido Castillo. Pero defender derechos no significa relativizar el intento de ruptura democrática ni convertir la gracia presidencial en herramienta de rehabilitación política. Si el país empieza a percibir que una comisión puede inclinarse por afinidades personales, territoriales o ideológicas, la credibilidad del sistema se erosiona antes incluso de que emita su informe.
Desde esta tribuna, la exigencia es clara: transparencia total. El Gobierno debe publicar los criterios de designación, explicar los perfiles técnicos de los integrantes y garantizar que cualquier evaluación se haga con independencia, sustento jurídico y sin presión política. Si existe un pedido de indulto, debe tramitarse conforme a ley, sin atajos, sin regalos de medianoche y sin cálculos electorales.
Balcázar no puede decir una cosa en público y permitir otra en silencio. Ya demasiadas instituciones han sido debilitadas por decisiones tomadas entre sombras.
Un eventual indulto a Pedro Castillo, sin sentencia firme ni causal humanitaria suficientemente acreditada, sería un despropósito jurídico y una provocación política. El Perú no necesita más señales de impunidad ni más gestos que dividan al país.
La Comisión de Gracias Presidenciales debe actuar como órgano técnico, no como antesala de una maniobra. Porque cuando la justicia se cocina a fuego lento en los pasillos del poder, lo que termina quemándose es la confianza democrática. (Foto: Pucp).