El aeropuerto Jorge Chávez quería vender la imagen de modernidad regional, pero terminó convertido en símbolo de tarifas infladas y usuarios castigados. La demanda presentada por AETAI contra Ositran por el cobro de la TUUA de transferencia no es un simple trámite judicial: es el reflejo de un creciente malestar frente a un aeropuerto que cobra como hub internacional de primer nivel, pero cuya experiencia aún deja demasiadas dudas. Y mientras las aerolíneas protestan, el pasajero peruano sigue pagando la factura del desorden.
La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, respaldada por IATA y ALTA, acusa que la TUUA aplicada desde diciembre de 2025 convirtió al Jorge Chávez en el aeropuerto más caro de América Latina para conexiones internacionales. El golpe ya tendría consecuencias: ocho rutas internacionales canceladas y pasajeros desviándose hacia Bogotá, Panamá o São Paulo. Es decir, mientras otros aeropuertos compiten por atraer vuelos y convertir sus terminales en centros estratégicos, Lima parece empeñada en espantar conexiones con tarifas difíciles de justificar.
Lo más irritante es que el usuario no siente que esté pagando por un servicio extraordinario. El nuevo Jorge Chávez todavía arrastra problemas operativos, cuestionamientos logísticos y una percepción incómoda: más que una gran puerta aérea moderna, parece un proyecto que aún no termina de convencer. Pero la tarifa sí llegó puntual. Para cobrar no hay retrasos, observaciones ni turbulencias.
Ositran queda bajo presión porque su rol debería ser precisamente evitar abusos y garantizar equilibrio entre concesionarios y ciudadanos. Sin embargo, hoy el regulador aparece enfrentado a los propios gremios internacionales del sector aéreo. Y cuando las aerolíneas denuncian falta de transparencia en los informes técnicos y económicos que sustentan la tarifa, el problema deja de ser solo financiero y se convierte en una crisis de credibilidad institucional.
La presidenta de Ositran, Verónica Zambrano Copello, no puede limitarse al silencio técnico mientras crece el rechazo ciudadano y empresarial. Si el regulador termina percibido como defensor automático de cobros cuestionados y no del interés público, entonces la supervisión pierde legitimidad. El pasajero necesita explicaciones, no discursos burocráticos redactados para tranquilizar expedientes.
El MTC haría mal en acelerar la firma de la Adenda N.° 9 sin transparentar toda la información técnica y económica. Un aeropuerto estratégico no puede gestionarse de espaldas a quienes lo usan y sostienen.
Reflexión final
El problema de fondo no es solo una tarifa. Es la sensación de que en el Perú siempre resulta más fácil cargarle costos al ciudadano que ofrecerle un servicio competitivo y digno. Y cuando un aeropuerto empieza a ser conocido más por sus cobros que por su eficiencia, el país entero termina perdiendo altura. (Foto: larepublica.pe).