La política peruana vuelve a tropezar con el mismo lodazal: candidatos que prometen representar al pueblo y terminan investigados por presuntamente explotarlo. La detención preliminar de Jhuliana Carbonel Carbonel, excandidata a diputada de Juntos por el Perú, por integrar una supuesta red de cobro de cupos en Gamarra, no solo golpea a un partido político. Golpea la poca confianza que aún sobrevive entre la ciudadanía y la política nacional.
Según la tesis fiscal, la organización criminal “Los Pulpos de La Victoria” habría construido una maquinaria de recaudación ilegal que movió alrededor de S/75 millones. Y mientras el comerciante ambulante luchaba por sobrevivir en medio de crisis, inseguridad y abandono estatal, otros —presuntamente— habrían convertido el espacio público en una caja chica clandestina.
La mecánica descrita por la Fiscalía resulta tan escandalosa como conocida: desalojar ambulantes, recuperar espacios, dividir zonas y luego volver a entregarlas a cambio de pagos. En otras palabras, el problema no era el desorden; el problema era quién cobraba por administrarlo.
Los comerciantes, según las investigaciones, debían pagar entre S/1.000 y S/5.000 para acceder a un puesto informal, además de cuotas permanentes. Todo bajo la sombra de funcionarios municipales, fiscalizadores y operadores que, presuntamente, habrían construido un sistema paralelo de extorsión disfrazado de control urbano.
Y allí aparece el dato políticamente devastador: entre los detenidos figura una candidata de Juntos por el Perú. Un partido que suele presentarse como defensor de los sectores populares termina ahora viendo cómo una de sus postulantes aparece vinculada a una investigación por presuntamente sacar dinero precisamente de los sectores más vulnerables del comercio informal.
La ironía es brutal. Mientras algunos discursos políticos hablan de dignidad, justicia y derechos del pueblo, las investigaciones fiscales describen una estructura donde el ciudadano terminaba pagando para poder trabajar en paz. El Estado ausente para proteger, pero muy presente —según la tesis fiscal— para recaudar desde la informalidad.
La investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias. No basta con detener operadores menores mientras las estructuras políticas y municipales miran hacia otro lado. Si hubo corrupción, cobro de cupos y organización criminal, el país necesita responsables, no excusas partidarias.
Reflexión final
Lo más grave no es solo que una candidata termine detenida. Lo más grave es que el Perú parece haberse acostumbrado a descubrir redes ilegales incrustadas en municipios, partidos y campañas electorales. La política dejó hace tiempo de ser vista como servicio público y demasiados la han convertido en negocio de supervivencia y poder. Y cuando cobrar cupos se vuelve más rentable que gobernar, la democracia empieza a parecerse peligrosamente a un mercado tomado por mafias con credencial electoral. (Foto: lacajanegra.blog).