La Fiscalía ha solicitado 5 años y 4 meses de prisión contra Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú. La acusación gira en torno a los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones partidarias. En otras palabras, quien pretende administrar el país deberá explicar primero cómo se administraron los informes financieros de su propia organización política. La escena no podría ser más peruana: candidatura presidencial por un lado, expediente fiscal por el otro.
El caso está relacionado con reportes financieros presentados por Juntos por el Perú ante la ONPE en 2020 y 2021. Según la Fiscalía, habría información irregular sobre aportaciones. Además, el dominical Cuarto Poder reveló que se investiga un presunto desvío de hasta S/280.000 del partido hacia cuentas personales de Sánchez y de su hermano. La defensa del candidato rechaza la acusación y sostiene que la responsabilidad correspondía al tesorero, mientras Sánchez solo habría presentado la documentación en su calidad de presidente del partido.
Legalmente, corresponderá al Poder Judicial determinar si existen méritos para pasar a juicio oral. Pero políticamente el daño ya está instalado. Porque una campaña presidencial no puede pedir confianza ciudadana mientras su candidato enfrenta una acusación fiscal de esta gravedad. La transparencia no se declama en mítines; se demuestra en documentos, cuentas claras y explicaciones sin rodeos.
El próximo 27 de mayo será clave: un juez deberá decidir si Sánchez va a juicio oral. Y esa fecha cae en un momento especialmente incómodo, cuando el país necesita candidatos que ofrezcan certezas y no más sombras. El Perú ya conoce demasiado bien este libreto: postulantes que prometen limpiar la república mientras arrastran investigaciones que luego llaman “persecución”, “confusión” o “ataque político”.
Roberto Sánchez tiene derecho a defenderse y a la presunción de inocencia. Pero los ciudadanos también tienen derecho a saber, antes de votar, si quien busca gobernarlos puede explicar con claridad los fondos de su partido. No se trata de condenarlo por adelantado; se trata de no normalizar que una candidatura presidencial conviva tranquilamente con un pedido fiscal de prisión.
Reflexión final
El Perú no necesita más líderes que lleguen a Palacio con expedientes bajo el brazo. Necesita autoridades capaces de rendir cuentas antes de pedir poder. Porque si un candidato no puede despejar dudas sobre los aportes de su partido, difícilmente podrá convencer al país de que administrará el Estado con limpieza. En política, la confianza no se exige: se prueba. (Foto: lacajanegra.blog).