Las extorsiones siguen creciendo en el Perú y abril marcó el pico más alto del año. Mientras el país estaba atrapado en la tensión electoral, los conteos, las acusaciones políticas y el ruido de campaña, el crimen organizado continuó avanzando sin pausa. En abril se registraron 1.770 denuncias por extorsión, la cifra mensual más alta de 2026. En apenas cuatro meses, el país acumuló 5.781 casos. La política discutía el poder; las mafias seguían disputando las calles.
La curva es preocupante. Enero empezó con 1.299 denuncias; febrero bajó ligeramente a 1.241; marzo subió a 1.471; y abril llegó a 1.770. No es una variación menor. Es una tendencia ascendente que confirma que la extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas contra la seguridad ciudadana, la economía popular y la vida cotidiana.
Transportistas, comerciantes, empresarios, trabajadores de construcción, bodegueros y familias enteras viven bajo presión. El cobro de cupos ya no es un delito marginal: es una forma de control territorial. Allí donde el Estado se retira, la amenaza ocupa su lugar.
Lo más grave es que esta escalada ocurrió mientras la agenda nacional estaba secuestrada por la coyuntura electoral. La inseguridad quedó desplazada por discursos de fraude, peleas partidarias y cálculos de segunda vuelta. Pero las balas no esperaron. Las amenazas tampoco. El crimen no hizo pausa democrática.
La extorsión funciona como un impuesto ilegal impuesto por el miedo. Quien paga no compra tranquilidad; apenas compra tiempo. Quien denuncia muchas veces no recibe protección suficiente. Y quien se niega puede terminar convertido en una nueva víctima. Ese es el drama de miles de peruanos que viven entre el silencio forzado y la desconfianza en las autoridades.
El problema no se resolverá con operativos de ocasión ni con estados de emergencia repetidos. La extorsión exige inteligencia criminal, control de penales, persecución del dinero ilegal, fiscalías especializadas, protección a denunciantes y coordinación efectiva con empresas de telecomunicaciones. Sin eso, el Estado seguirá anunciando medidas mientras las mafias perfeccionan sus métodos.
Desde esta tribuna, la posición es clara: el Gobierno no puede seguir administrando el miedo con comunicados y patrullajes simbólicos. Si abril fue el pico más alto del año, la respuesta debe estar a la altura de la amenaza. Se necesitan resultados verificables: bandas desarticuladas, cabecillas capturados, redes financieras intervenidas, llamadas extorsivas bloqueadas y víctimas protegidas.
La seguridad no puede ser un tema secundario de campaña. Es la condición mínima para trabajar, estudiar, invertir y vivir.
Las extorsiones siguen creciendo y abril marcó el pico más alto. Esa cifra no es solo estadística: es el rostro de un país donde demasiados ciudadanos trabajan con miedo y demasiadas autoridades responden tarde.
Cuando el crimen cobra cupos y el Estado ofrece promesas, la democracia pierde autoridad. Y si el Perú no recupera las calles, cualquier resultado electoral será insuficiente frente a una verdad brutal: las mafias ya gobiernan donde el Estado no llega. (Foto: lacajanegra.blog).