En una democracia auténtica, todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley. Ese principio no admite excepciones, privilegios ni categorías especiales. Sin embargo, el Congreso de la República acaba de aprobar en primera votación una iniciativa que amenaza con debilitar uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho: la igualdad jurídica.
La propuesta que modifica el Código Penal Militar Policial para que policías y militares sean juzgados prioritariamente por fueros especiales en hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones representa una de las decisiones más controvertidas adoptadas por el Parlamento en los últimos años. No solo por sus implicancias jurídicas, sino por el mensaje político y moral que transmite a la sociedad peruana.
Mientras millones de ciudadanos exigen más justicia, más transparencia y más lucha contra la impunidad, el Congreso parece avanzar en dirección contraria.
La justificación oficial de esta iniciativa es evitar la denominada «doble persecución judicial». Sin embargo, diversos especialistas han señalado que ese debate ya fue resuelto hace años por la jurisprudencia nacional y que existen mecanismos legales para evitar procesos paralelos sin necesidad de alterar principios fundamentales del sistema de justicia.
La preocupación central es otra. La amplitud de la norma genera temores legítimos respecto a la posibilidad de que hechos que deberían ser evaluados por la justicia ordinaria terminen siendo absorbidos por jurisdicciones especiales. No se trata de cuestionar el trabajo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Se trata de defender un principio básico: cuando se investigan presuntos delitos comunes, la justicia debe ser la misma para todos.
La historia reciente del Perú obliga a ser especialmente cuidadosos en este terreno. Durante décadas, el país ha sufrido las consecuencias de excesos de poder, violaciones de derechos y decisiones que terminaron debilitando la confianza en las instituciones. Precisamente por ello, la construcción democrática avanzó hacia mecanismos de mayor control, fiscalización y transparencia.
Lo preocupante es que esta ley parece caminar en sentido contrario.
Resulta imposible ignorar, además, el contexto en el que se aprueba esta iniciativa. El país enfrenta una crisis de seguridad, una expansión de la criminalidad organizada, un avance alarmante de la minería ilegal y del narcotráfico, así como una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones políticas. En lugar de concentrar esfuerzos en resolver estos problemas estructurales, el Congreso dedica tiempo y recursos a impulsar normas que generan una profunda división jurídica y política.
La señal es preocupante. En un momento donde la ciudadanía exige igualdad ante la ley, la percepción que se instala es la de un sistema que comienza a establecer tratamientos diferenciados para determinados sectores del Estado.
Desde La Caja Negra sostenemos que ninguna democracia puede fortalecerse creando espacios que puedan ser interpretados como privilegios jurídicos.
Un delito debe ser investigado y juzgado con independencia, transparencia y respeto al debido proceso. Pero también debe existir una certeza absoluta de que ninguna persona recibirá un tratamiento distinto por el cargo que ocupa, el uniforme que viste o la institución a la que pertenece.
La autoridad no puede convertirse en una protección adicional frente a la justicia. Por el contrario, el ejercicio de la autoridad debería exigir mayores niveles de responsabilidad y rendición de cuentas.
La aprobación de esta iniciativa constituye una señal preocupante para la institucionalidad democrática del país. Más allá de las posiciones ideológicas o políticas, el debate debe centrarse en un principio esencial: la igualdad ante la ley.
Reflexión final
El Perú necesita fortalecer su sistema de justicia, no fragmentarlo. Necesita combatir la impunidad, no generar nuevas controversias sobre quién debe ser juzgado y dónde debe ser juzgado. La confianza ciudadana se construye cuando las reglas son iguales para todos.
Porque en una República democrática no puede existir una justicia para los ciudadanos comunes y otra para quienes ejercen autoridad. La ley debe ser el mismo límite para todos. De lo contrario, el riesgo no es solo jurídico. Es moral, institucional y profundamente democrático. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).