La democracia no solo necesita votos. Necesita confianza. Y precisamente ahí radica uno de los mayores problemas que enfrenta el Perú. Las recientes declaraciones de Rafael López Aliaga contra la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones han vuelto a poner bajo los reflectores una realidad incómoda: la creciente desconfianza ciudadana hacia organismos que deberían ser los principales garantes de la transparencia electoral. El problema ya no es un candidato, un partido o una elección específica. El problema es que millones de peruanos observan un sistema electoral que parece cada vez más distante de las exigencias de una democracia moderna.
La ONPE y el JNE fueron creados para ofrecer certeza. Sin embargo, elección tras elección terminan produciendo incertidumbre. Los resultados se prolongan durante días, las actas observadas se convierten en protagonistas del debate nacional y las controversias políticas ocupan el espacio que debería pertenecer exclusivamente a la confianza institucional.
Resulta legítimo preguntarse cómo es posible que organismos que administran presupuestos millonarios continúen operando con procedimientos que generan cuestionamientos recurrentes. Mientras otros países avanzan hacia sistemas más ágiles, auditables y tecnológicamente integrados, el Perú sigue enfrentando procesos que parecen resistirse a una verdadera modernización.
Lo más preocupante no es la crítica política. Lo preocupante es que el sistema electoral parece haber normalizado la pérdida de credibilidad. Cada proceso concluye con una parte importante del país cuestionando resultados, procedimientos o decisiones administrativas. Y lejos de impulsar reformas profundas, las instituciones suelen responder defendiendo el modelo existente como si la confianza ciudadana fuera un asunto secundario.
La democracia no puede conformarse con que las elecciones sean legales. También deben ser percibidas como transparentes, eficientes y confiables. Cuando los ciudadanos comienzan a dudar de quienes administran el voto, la legitimidad institucional entra en una zona de riesgo.
Durante décadas, el JNE y la ONPE han acumulado experiencia, recursos y poder institucional. Precisamente por ello, la exigencia ciudadana debe ser mayor. La transparencia no puede ser una promesa permanente. Debe convertirse en una realidad visible y verificable.
Las declaraciones de López Aliaga pueden resultar polémicas, pero han puesto en evidencia una crisis que las instituciones electorales no pueden seguir ignorando. El debate no es si deben desaparecer. El debate es si han sido capaces de responder a las expectativas de los ciudadanos que financian su funcionamiento.
Reflexión final
La peor amenaza para la ONPE y el JNE no es un político crítico ni una elección disputada. La peor amenaza es la pérdida progresiva de confianza pública. Cuando una institución deja de generar credibilidad, comienza a perder su activo más importante: la legitimidad. Y ninguna democracia puede sostenerse indefinidamente sobre instituciones que, en lugar de fortalecer certezas, terminan alimentando dudas. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).