Existe una realidad que debería provocar indignación nacional y ocupar el primer lugar en la agenda pública: 21,6 millones de peruanos consumen agua de calidad insuficiente. La cifra, reconocida por el propio Estado, revela una de las mayores contradicciones del Perú moderno. Mientras la clase política concentra gran parte de su tiempo en disputas de poder, cálculos electorales y confrontaciones permanentes, millones de ciudadanos continúan sin acceso a un recurso esencial para la vida, la salud y el desarrollo.
No se trata de una estadística cualquiera. Se trata de millones de niños, madres, trabajadores y adultos mayores que todos los días consumen agua que no reúne condiciones óptimas de seguridad sanitaria. En cualquier nación que aspire al desarrollo, este escenario sería considerado una emergencia nacional.
Los datos oficiales son contundentes. Apenas el 37,6% de la población accede a agua potable gestionada de manera segura. Esto significa que más de seis de cada diez peruanos permanecen expuestos a riesgos sanitarios derivados de la deficiente calidad del agua.
La situación es aún más dramática en las zonas rurales. Solo el 4% de la población rural cuenta con acceso a agua segura. En materia de saneamiento, el panorama tampoco es alentador. Apenas el 33,6% de los ciudadanos dispone de servicios gestionados de manera adecuada.
Estas cifras no son producto del azar ni de una emergencia reciente. Son el resultado de décadas de abandono, planificación deficiente, burocracia, proyectos inconclusos y prioridades políticas alejadas de las necesidades reales de la población.
La consecuencia directa es visible en los indicadores de salud pública. Las enfermedades diarreicas continúan afectando a miles de familias. La desnutrición infantil y la anemia encuentran un terreno propicio donde el acceso al agua segura sigue siendo una promesa pendiente. Resulta imposible hablar de desarrollo humano cuando millones de personas aún carecen de condiciones básicas para preservar su salud.
La paradoja es evidente. El Perú posee enormes recursos hídricos y ha destinado miles de millones de soles a obras públicas durante las últimas décadas. Sin embargo, millones de ciudadanos continúan esperando aquello que debería estar garantizado desde hace mucho tiempo.
Mientras algunos países discuten inteligencia artificial, ciudades inteligentes y transformación digital, amplios sectores del Perú siguen enfrentando dificultades para acceder a agua segura. La brecha entre el país oficial y el país real continúa siendo inmensa.
Desde La Caja Negra consideramos que esta situación representa uno de los mayores fracasos acumulados de la gestión pública peruana. No es razonable que en pleno siglo XXI millones de ciudadanos sigan expuestos a riesgos sanitarios por deficiencias que debieron corregirse hace décadas.
La reciente Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 constituye una oportunidad para corregir el rumbo. Sin embargo, también plantea una interrogante incómoda: ¿por qué una necesidad tan básica debe esperar hasta mediados de siglo para aspirar a una solución integral?
El acceso al agua segura no debería depender de la ubicación geográfica, la condición económica ni del nivel de desarrollo de una comunidad. Debe ser una garantía básica del Estado para todos los ciudadanos.
Reflexión final
Una nación no fracasa únicamente cuando cae su economía o se debilitan sus instituciones. También fracasa cuando millones de personas no pueden acceder a servicios esenciales para vivir con dignidad. Que 21,6 millones de peruanos consuman agua de calidad insuficiente debería encender todas las alarmas nacionales. Porque detrás de cada cifra existe una familia, una comunidad y un futuro que continúa esperando. Y el agua, como la dignidad, no debería ser un privilegio. Debería ser un derecho garantizado para todos. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).