Hay decisiones que resultan difíciles de comprender. Una de ellas es admitir públicamente que EsSalud atraviesa una crisis financiera y de prestación de servicios, pero negarse a declarar la emergencia de una institución que atiende a cerca de 8,8 millones de peruanos.
Mientras las autoridades debaten diagnósticos y medidas administrativas, millones de asegurados enfrentan una realidad mucho más dura: falta de medicamentos, citas que demoran meses, exámenes postergados, tratamientos retrasados, escasez de especialistas y hospitales que operan al límite de su capacidad.
La pregunta es inevitable: si esto no es una emergencia, ¿qué tendría que ocurrir para que finalmente sea reconocida como tal?
El propio presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, ha reconocido que la institución enfrenta una crisis financiera y una crisis en la prestación de servicios. Sin embargo, la respuesta oficial ha sido descartar, por ahora, una declaratoria de emergencia.
La afirmación contrasta con la realidad que viven diariamente miles de pacientes.
Adultos mayores que esperan meses por un electrocardiograma. Pacientes que necesitan una resonancia magnética y reciben fechas lejanas. Personas con enfermedades oncológicas que enfrentan retrasos en tratamientos tan sensibles como las radioterapias. Familias que recorren hospitales buscando medicamentos que muchas veces no encuentran.
La crisis no es una percepción. Es una experiencia cotidiana.
A ello se suma un problema estructural que el país arrastra desde hace años: la ausencia de una verdadera política de prevención y fortalecimiento del sistema de salud. El Perú sigue invirtiendo enormes recursos para atender enfermedades cuando estas ya han avanzado, mientras la medicina preventiva continúa ocupando un lugar secundario.
La situación se agrava con hospitales inconclusos, obras paralizadas y proyectos que quedaron atrapados entre la burocracia, la ineficiencia y los escándalos de corrupción. En distintas regiones existen establecimientos de salud que debieron estar operativos hace años, pero permanecen convertidos en monumentos al desperdicio de recursos públicos.
Los gobiernos de Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y ahora José Balcázar han heredado y administrado un sistema sanitario que muestra señales evidentes de agotamiento. Sin embargo, las reformas profundas siguen siendo una promesa pendiente mientras la demanda crece y la capacidad de respuesta continúa disminuyendo.
La paradoja es dolorosa. Se reconoce la crisis, pero se evita la emergencia. Se admite el problema, pero se posterga la decisión más contundente para enfrentarlo.
La salud pública no debería esperar los tiempos de la burocracia. Cuando los pacientes esperan meses por atención especializada, cuando faltan medicamentos y cuando los hospitales operan bajo presión permanente, el problema deja de ser administrativo.
Se convierte en una urgencia nacional.
Reflexión final
La verdadera emergencia no es una resolución ministerial ni un decreto oficial. La verdadera emergencia está en las salas de espera llenas, en los pacientes que aguardan una cita que nunca llega, en quienes postergan tratamientos por falta de atención oportuna y en las familias que observan con impotencia cómo el sistema responde cada vez más lento.
Un país puede recuperarse de una crisis económica o de una crisis política. Pero cuando la salud comienza a colapsar, las consecuencias se miden en sufrimiento humano y, muchas veces, en vidas perdidas.
Negar la emergencia no elimina la crisis. Solo la hace más visible para quienes la padecen todos los días. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).