El reciente informe del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la Universidad Nacional de Ingeniería vuelve a encender una alarma que el Perú escucha desde hace décadas, pero que pocas veces convierte en acciones concretas. Ancón, Ate, Comas, Independencia, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Chorrillos, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y sectores de Ventanilla figuran entre las zonas con mayor vulnerabilidad ante un terremoto de alta magnitud.
La información científica existe. Los mapas de riesgo también. Lo que sigue faltando es una política de prevención capaz de transformar esas advertencias en protección efectiva para millones de ciudadanos.
La vulnerabilidad de estos distritos no responde únicamente a la fuerza que podría alcanzar un terremoto. El verdadero problema está en la combinación de suelos blandos, miles de viviendas construidas sin supervisión técnica, edificaciones antiguas, expansión urbana desordenada y ausencia de una planificación territorial responsable.
Durante años, el crecimiento de Lima avanzó más rápido que la capacidad del Estado para ordenar el desarrollo urbano. Se permitió construir en laderas, quebradas, arenales y zonas altamente inestables. La autoconstrucción se convirtió en la única alternativa para miles de familias, mientras la fiscalización fue insuficiente y las políticas de vivienda quedaron rezagadas.
El resultado es una ciudad donde el riesgo no está distribuido por igual. Existen sectores que enfrentarían consecuencias considerablemente mayores si ocurriera un gran sismo. Esa realidad no es producto del azar, sino de décadas de decisiones postergadas y de una limitada inversión en prevención.
Los simulacros nacionales, las campañas informativas y las mochilas de emergencia son herramientas valiosas, pero no reemplazan las verdaderas políticas de reducción del riesgo. La prevención comienza reforzando escuelas, hospitales, puentes, redes de agua, edificios públicos y viviendas vulnerables. También exige controlar rigurosamente las nuevas construcciones y recuperar la planificación urbana como política de Estado.
Mientras los especialistas continúan actualizando estudios y advirtiendo sobre las zonas más expuestas, millones de limeños siguen viviendo bajo condiciones que podrían agravar dramáticamente las consecuencias de un terremoto de magnitud considerable.
El Perú no puede evitar que ocurra un terremoto, pero sí puede reducir significativamente sus efectos. La diferencia entre una emergencia controlable y una tragedia nacional dependerá de las decisiones que se adopten antes de que la tierra vuelva a moverse.
Reflexión final
Los distritos más vulnerables de Lima ya fueron identificados por la ciencia. Lo verdaderamente preocupante sería que, después de una nueva tragedia, las autoridades vuelvan a afirmar que el desastre era imprevisible. La naturaleza no avisa cuándo liberará su energía. Los especialistas ya hicieron su trabajo al advertir el riesgo. Ahora le corresponde al Estado demostrar que la prevención también puede convertirse en una prioridad nacional y no en una promesa que solo reaparece después de cada terremoto. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).