La extorsión dejó hace mucho de ser un delito aislado para convertirse en una amenaza permanente contra la economía, la tranquilidad y la libertad de millones de peruanos. Hoy no distingue entre destacados empresarios y pequeños comerciantes, transportistas, bodegueros, colegios, médicos o emprendedores. Quien trabaja y produce se ha convertido en un objetivo criminal. Lo más preocupante es que la violencia ya no solo demuestra la capacidad de las organizaciones delictivas para sembrar miedo, sino también las enormes limitaciones del Estado para impedir que continúen expandiendo su poder.
Durante los últimos años, el país ha sido testigo de un crecimiento sostenido de las extorsiones, los atentados contra negocios, el cobro de cupos, los ataques a empresas de transporte y los asesinatos vinculados a organizaciones criminales. Lo que antes era un problema focalizado hoy se ha extendido por diversas regiones del Perú, afectando directamente la actividad económica y la convivencia ciudadana.
Cada atentado contra un comerciante, cada explosión frente a un negocio y cada amenaza telefónica representan mucho más que un delito. Son señales de que existen territorios donde el miedo comienza a reemplazar la autoridad legítima del Estado. Cuando miles de ciudadanos modifican sus horarios, reducen inversiones, cierran establecimientos o pagan dinero para proteger su vida, la criminalidad deja de desafiar al Estado y empieza a disputar el control de la vida cotidiana.
La respuesta oficial, que incluye operativos policiales y estados de emergencia en algunas zonas, no ha logrado controlar un fenómeno cuya capacidad de adaptación supera, con frecuencia, los tiempos de reacción institucional. La captura de algunos integrantes de bandas criminales constituye un avance, pero mientras las estructuras financieras, logísticas y de inteligencia de estas organizaciones permanezcan operando, el problema continuará reproduciéndose.
El impacto también alcanza la economía nacional. La extorsión incrementa los costos de producción, desalienta nuevas inversiones, afecta el empleo formal y termina trasladando mayores precios a los consumidores. Es un impuesto ilegal impuesto por el crimen que termina pagando toda la sociedad.
La ciudadanía observa con creciente preocupación cómo la inseguridad se instala como parte de la vida diaria. Esa percepción erosiona la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el orden público y fortalece la sensación de vulnerabilidad colectiva.
La lucha contra la extorsión no puede reducirse a respuestas coyunturales cada vez que ocurre un crimen de alto impacto. Requiere inteligencia policial, fortalecimiento del sistema de justicia, control penitenciario efectivo, persecución del patrimonio criminal, coordinación entre instituciones y una política de seguridad sostenida que trascienda los cambios de gobierno.
Reflexión final
Un Estado demuestra su fortaleza cuando protege a quienes trabajan honestamente y garantiza que la ley prevalezca sobre la violencia. Cada comerciante que cierra por amenazas, cada transportista que paga un cupo y cada familia que vive con miedo representan una derrota institucional que no debería normalizarse. Recuperar el control del país exige mucho más que discursos o medidas temporales: exige decisiones firmes, instituciones eficaces y una estrategia integral capaz de devolver a los ciudadanos el derecho más básico de toda democracia: vivir y trabajar sin miedo. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).