Un estudio del Instituto Pasteur y del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas ha identificado zonas críticas de cáncer asociado a pesticidas en Junín, Pasco y Huánuco. El hallazgo no debería quedar atrapado en el lenguaje técnico ni perderse entre comunicados de ocasión. Estamos ante una alerta de salud pública: el uso extendido de agroquímicos, incluso sustancias prohibidas, estaría dejando una huella peligrosa en territorios agrícolas y en la alimentación de miles de familias peruanas.
La investigación encontró una asociación espacial entre el riesgo de exposición ambiental a pesticidas y la frecuencia de cáncer en determinadas zonas del centro del país. La frase parece fría, pero su significado es inquietante: donde hay mayor exposición a ciertos químicos, también aparecen mayores señales de riesgo oncológico. No se trata de sembrar pánico, sino de exigir responsabilidad. El país necesita saber qué se usa en sus campos, quién lo controla, cómo llega a los mercados y qué consecuencias puede tener en la salud.
El problema no golpea solo al agricultor que manipula pesticidas sin protección suficiente. También alcanza a la población rural que vive cerca de zonas fumigadas y al consumidor urbano que compra frutas, verduras y legumbres sin conocer su historia química. La cadena alimentaria no empieza en el mercado; empieza en la chacra. Y si allí falla la fiscalización, el riesgo viaja silenciosamente hasta la mesa.
Lo más grave es la normalización del peligro. Se habla de pesticidas como si fueran simples herramientas productivas, cuando algunos pueden representar amenazas serias si se usan sin control, sin capacitación y sin vigilancia sanitaria. Jaime Delgado, fundador de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ha advertido que monitoreos realizados durante años hallaron sustancias químicas prohibidas en productos como la fresa y el tomate. Esa afirmación debería activar una respuesta inmediata del Estado, no otro expediente condenado al sueño administrativo.
Junín, Pasco y Huánuco no pueden quedar como nombres en un informe. Son territorios con agricultores, familias, mercados, niños, adultos mayores y consumidores expuestos a un sistema que produce alimentos sin garantías suficientes. El Estado no puede limitarse a recomendar consumo saludable si no asegura que esos alimentos no lleguen contaminados por negligencia, informalidad o abandono.
La identificación de zonas críticas exige acción urgente: monitoreos permanentes, resultados públicos, sanciones efectivas, capacitación al agricultor, promoción de biopesticidas y control real sobre productos prohibidos. Senasa, el sector Salud, gobiernos regionales y Congreso deben actuar con seriedad.
Reflexión final
El cáncer no puede convertirse en el costo invisible de una agricultura mal fiscalizada. Si el país sabe dónde está el riesgo y no interviene, la omisión deja de ser descuido y se convierte en responsabilidad pública. Comer sano no puede ser una apuesta a ciegas. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).