En el Perú, la política parece haber dejado de ser el espacio donde los ciudadanos más idóneos compiten por servir al país. Ahora también puede convertirse en el refugio electoral de quienes, después de recibir una condena penal, buscan administrar municipios, gobiernos regionales y recursos públicos. Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, 1 747 candidatos declararon condenas penales en sus hojas de vida, acumulando 2 283 sentencias por delitos que incluyen violación sexual, extorsión, violencia familiar, peculado y malversación de fondos.
No se trata de rumores, denuncias anónimas ni campañas de demolición política. Son antecedentes reconocidos por los propios postulantes ante el Jurado Nacional de Elecciones.
La situación resulta especialmente alarmante porque la mayor concentración de casos se encuentra en el nivel distrital, precisamente donde el poder público mantiene contacto directo con la ciudadanía. Un total de 756 candidatos aspira a convertirse en alcalde distrital y otros 503 buscan ocupar una regiduría. También existen 41 candidatos a gobiernos regionales y 173 postulantes a alcaldías provinciales que declararon condenas.
Entre los antecedentes más graves aparecen once candidatos condenados por violación sexual y cinco por extorsión. Ocho de estas candidaturas figuraban admitidas al cierre de la investigación periodística. La pregunta es inevitable: ¿qué clase de filtro aplican los partidos antes de entregar una candidatura?
Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú concentran el mayor número de postulantes con condenas declaradas. Sin embargo, el problema no pertenece únicamente a determinadas organizaciones. Es el resultado de un sistema partidario debilitado, convertido muchas veces en una maquinaria de inscripción que busca llenar listas, asegurar presencia territorial y captar votos, sin evaluar seriamente la trayectoria ética de sus representantes.
La rehabilitación jurídica puede permitir que una persona recupere derechos. Pero ejercer un cargo público no es cualquier derecho: implica administrar dinero estatal, tomar decisiones sobre comunidades y representar moralmente a la ciudadanía. Cumplir una pena no convierte automáticamente a alguien en la persona más adecuada para gobernar.
El Estado tampoco puede limitarse a recibir declaraciones juradas y revisar los antecedentes cuando las candidaturas ya están inscritas. El JNE, el Poder Judicial y el Ministerio Público deben implementar un sistema automático de intercambio de información que detecte omisiones, impedimentos y condenas antes de admitir las listas.
Reflexión final
Una democracia sin filtros éticos termina convirtiendo la cédula electoral en un catálogo de antecedentes penales. La responsabilidad también recaerá en el elector: votar sin informarse puede entregar las llaves del municipio a quienes ya demostraron desprecio por la ley. El poder no debe ser una recompensa, una ruta de impunidad ni una segunda oportunidad financiada por todos los peruanos. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).