El nuevo Gobierno anunció meritocracia, transparencia y lucha frontal contra la corrupción. Sin embargo, las declaraciones juradas de sus propios integrantes revelan una contradicción que no puede esconderse detrás de ceremonias, discursos solemnes ni fotografías oficiales: quince ministros consignaron investigaciones fiscales, procesos judiciales, acusaciones constitucionales o antecedentes vinculados, en varios casos, con presuntos delitos contra la administración pública.
Una investigación no equivale a culpabilidad y la presunción de inocencia debe respetarse. Sin embargo, ese principio jurídico tampoco obliga a la ciudadanía a tratar como irrelevante una acumulación de expedientes que compromete la credibilidad política del gabinete. Ser ministro no exige solamente evitar una condena firme; exige idoneidad, integridad, solvencia moral y capacidad para inspirar confianza pública.
La lista comienza en la propia Presidencia del Consejo de Ministros. Luis Galarreta declaró investigaciones activas relacionadas con presunto lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal. César Astudillo, ministro del Interior, reportó una investigación por presunto peculado y antecedentes por lesiones graves. Alberto Beingolea consignó procesos por presunta colusión agravada, lavado de activos y cohecho pasivo.
También figuran César Álvarez, ministro de Justicia, con acusaciones constitucionales en curso; el canciller Carlos Espá, con investigaciones por cohecho; y Mauricio Arnillas, titular de Vivienda, quien informó una sentencia por lesiones culposas y antecedentes por falsedad ideológica y estafa.
La pregunta resulta inevitable: ¿qué filtros aplicó realmente el Ejecutivo antes de designarlos? ¿Se evaluó la naturaleza, vigencia y gravedad de cada caso o bastó con llenar una declaración jurada y continuar hacia la ceremonia de juramentación?
La relación continúa con José Chang, ministro de Educación, quien declaró ocho investigaciones; Luis Dyer, titular de Salud, con casos por falsificación de documentos y declaraciones falsas; y Rafael Belaunde, quien consignó investigaciones sin detallarlas, aunque explicó que en una de ellas habría sido víctima de la falsificación de su firma.
El caso más llamativo corresponde a Vladimir Huaroc, ministro del Ambiente, quien declaró 51 investigaciones. Entre ellos aparecen presuntos delitos de abuso de autoridad, colusión, peculado, negociación incompatible, usurpación de funciones, ocultamiento de documentos, lesiones y hurto.
A ellos se suman Juan Carlos Requejo, ministro de la Producción, con diez investigaciones; Rafael Rey, titular de Transportes, con un caso por presunto delito contra la fe pública; Juan Sheput, ministro de Trabajo, con investigaciones por tráfico de influencias y colusión agravada; Guillermo Shinno, de Energía y Minas, con veinte casos no detallados; y Marco Vineli, de Desarrollo Agrario, con diez investigaciones vinculadas, entre otros asuntos, con abuso de autoridad, negociación incompatible, concusión y cohecho.
No todos los casos tienen la misma naturaleza ni el mismo estado procesal. Algunos pueden haber sido archivados, otros pueden continuar abiertos y otros podrían haber concluido sin responsabilidad. Precisamente por eso, el Gobierno debe ofrecer información completa y diferenciada. Guardar silencio solo alimenta sospechas.
Desde La Caja Negra sostenemos que la presunción de inocencia no elimina la responsabilidad política. Un ministro no administra únicamente expedientes: dirige presupuestos, contratos, políticas públicas y organismos con enorme capacidad de decisión.
El Ejecutivo debe publicar el estado actualizado de cada investigación, explicar los criterios de selección y precisar qué mecanismos de integridad aplicará para evitar conflictos de interés. La transparencia no consiste en subir formularios a una plataforma; consiste en responder con claridad las preguntas que esos documentos generan.
Reflexión final
Un gobierno que promete combatir la corrupción no puede comenzar rodeado de expedientes y esperar que el país mire hacia otro lado. La justicia establecerá responsabilidades penales, pero la ciudadanía ya puede evaluar la responsabilidad ética y política de quienes fueron elegidos para gobernar.
La corrupción no se combate únicamente con discursos ni fiscalías. También se combate seleccionando autoridades cuya trayectoria no obligue al Estado a defenderlas antes de que empiecen a gestionar. Porque un gabinete no solo debe ser jurídicamente sostenible: debe ser moralmente confiable. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).