Ollanta Humala ha puesto el dedo en una de las heridas más profundas del sistema judicial peruano: la sospecha de que la balanza no pesa igual para todos. El expresidente sostiene que, si la casación favoreció a Keiko Fujimori, correspondía aplicar el mismo criterio en su proceso. Su frase puede ser interesada, pero la pregunta que deja es legítima: ¿la justicia interpreta la ley o administra excepciones según el poder del acusado?
Humala afirma que su partido no recibió fondos irregulares y que, en cambio, Fujimori sí reconoció aportes de campaña. También denuncia una persecución ideológica por presuntos recursos vinculados a gobiernos de izquierda, mientras otros casos involucraban dinero empresarial. Es su versión y deberá sostenerse con pruebas. Pero el problema central no es la autodefensa del exmandatario, sino la falta de coherencia que la ciudadanía percibe en decisiones judiciales de enorme impacto político.
La justicia peruana parece experta en producir expedientes interminables, prisiones preventivas severas, liberaciones sorprendentes y resoluciones que necesitan traductores para ser entendidas. Cuando se trata de figuras poderosas, cada tecnicismo abre una puerta; cuando el acusado llega debilitado, la puerta suele cerrarse con admirable rapidez.
No corresponde afirmar que dos procesos son idénticos sin revisar sus elementos jurídicos. Pero si existen diferencias decisivas, el Poder Judicial debe explicarlas con precisión y transparencia. No mediante comunicados vagos ni silencios solemnes, sino con argumentos capaces de convencer a una sociedad cansada de observar cómo la ley parece endurecerse o flexibilizarse según la coyuntura.
La independencia judicial tampoco puede convertirse en un escudo contra toda crítica. Janet Tello advierte correctamente que destituir jueces por fallos incómodos destruiría esa independencia. Pero proteger a los magistrados no significa concederles inmunidad frente al escrutinio. La independencia sin rendición de cuentas corre el riesgo de transformarse en una cómoda zona de impunidad institucional.
Humala puede tener razones jurídicas o simplemente una estrategia política. Corresponde a los tribunales demostrarlo. Lo inadmisible es que el sistema deje instalada la impresión de que algunos enfrentan la justicia mientras otros negocian con sus grietas.
Reflexión final
Una república no se sostiene únicamente con sentencias, sino con sentencias creíbles. Cuando la ciudadanía empieza a pensar que la prisión depende menos de los hechos que del apellido, la balanza deja de representar justicia y comienza a parecer un instrumento del poder. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).