La carta notarial enviada por el empresario Damián Valenzuela Mayer a César Hildebrandt ha terminado abriendo una discusión mucho más importante que una confrontación entre dos personas: hasta dónde puede llegar el escrutinio periodÃstico cuando alguien mantiene vÃnculos con el entorno inmediato del poder polÃtico. Hildebrandt respondió con dureza, pero también introdujo una precisión fundamental: los procesos mencionados contra Valenzuela son de naturaleza civil y no equivalen a una condena penal. Esa diferencia jurÃdica es importante y debe respetarse. Sin embargo, reconocerla no significa que el periodismo deba renunciar a investigar hechos de interés público ni aceptar que una carta notarial se convierta en una mordaza anticipada.
Según la información proporcionada, Hildebrandt en sus Trece informó sobre encuentros entre Valenzuela y Keiko Fujimori y sobre su cercanÃa durante la campaña presidencial. La propia mandataria reconoció públicamente que el empresario formaba parte de un grupo de amistades extranjeras que colaboró con ella, mientras que el ministro Marco Vinelli admitió haberlo conocido durante la campaña y señaló que era una de las personas que conversaba con Fujimori. Estos elementos justifican preguntas periodÃsticas legÃtimas: ¿fue únicamente un amigo?, ¿tuvo algún rol de asesoramiento?, ¿participó en decisiones estratégicas?, ¿mantuvo acceso frecuente a la entonces candidata y hoy presidenta?, ¿continuó teniendo algún nivel de influencia después de la campaña? Preguntar no significa condenar. Pero cuando una persona privada adquiere cercanÃa relevante con el poder, su relación con ese poder deja de ser completamente privada.
La reacción de Hildebrandt tiene un componente que merece atención. No se limitó a rechazar una carta notarial, sino que defendió la independencia de su oficio frente a lo que interpreta como un intento de intimidación. Esa es la verdadera discusión de fondo. Una carta notarial es un mecanismo legÃtimo y cualquier ciudadano puede utilizarla para exigir rectificaciones, aclaraciones o ejercer su derecho de defensa. También puede acudir al Poder Judicial si considera lesionado su honor. Lo preocupante serÃa que estos mecanismos terminaran siendo usados para desalentar investigaciones periodÃsticas sobre asuntos de relevancia pública. La prensa no puede trabajar con la amenaza económica instalada permanentemente sobre el escritorio, pero tampoco puede usar la libertad de expresión como excusa para descuidar la precisión. Por eso resulta relevante que Hildebrandt haya aclarado la naturaleza civil de los procesos mencionados. Rectificar una precisión no equivale a retroceder; equivale a actuar con rigor.
Existe además una cuestión institucional más amplia. Los presidentes no gobiernan únicamente con ministros y funcionarios formalmente designados. También existen cÃrculos de asesores, amigos, operadores, colaboradores y personas de confianza que pueden ejercer influencia informal. Cuando estos personajes permanecen fuera del organigrama oficial, la exigencia de transparencia deberÃa ser incluso mayor. El ciudadano tiene derecho a conocer quién aconseja a la presidenta, bajo qué condición, con qué responsabilidades y con qué intereses. No porque toda cercanÃa sea sospechosa, sino porque el poder público exige claridad y porque cualquier influencia relevante sobre decisiones estatales debe poder ser conocida y evaluada.
Desde La Caja Negra sostenemos que la libertad de prensa no debe convertirse en licencia para difamar, pero tampoco puede reducirse a publicar únicamente aquello que incomoda poco. La prensa debe investigar al Gobierno, a la oposición, a empresarios, asesores y cualquier persona que tenga influencia relevante sobre decisiones públicas. Y debe hacerlo con pruebas, contexto, documentos, derecho a réplica y respeto a la presunción de inocencia. Si Valenzuela considera que una información es falsa, tiene derecho a exigir corrección y acudir a las instancias correspondientes. Pero una carta notarial no deberÃa convertirse automáticamente en el punto final de una investigación periodÃstica.
La controversia entre Hildebrandt y Valenzuela no deberÃa reducirse a quién habla más fuerte o quién envÃa la carta más severa. El verdadero asunto es si los vÃnculos cercanos al poder pueden ser investigados sin que el periodista termine condicionado por el temor a demandas millonarias. Keiko Fujimori, además, podrÃa contribuir a despejar dudas con una polÃtica de transparencia mucho más clara sobre las personas que colaboraron con ella durante la campaña y sobre aquellas que continúan teniendo acceso o capacidad de influencia en su Gobierno.
Reflexión final
El poder siempre preferirá preguntas cómodas. El periodismo, si quiere seguir siendo periodismo, tiene que formular precisamente las incómodas. Una carta notarial puede obligar a precisar hechos y la justicia puede establecer responsabilidades, pero ninguna democracia saludable deberÃa acostumbrarse a que investigar relaciones cercanas al poder se convierta en una actividad de alto riesgo. Cuando la prensa deja de preguntar por miedo, quien termina perdiendo no es el periodista: pierde el ciudadano su derecho a saber quién está realmente alrededor del poder. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).