La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha lanzado una advertencia que no debería pasar como una disputa trivial: los diputados y senadores no pueden convertir la semana de representación en una herramienta de presión, amenaza o hostigamiento contra gobernadores y alcaldes. El pedido fue dirigido a Keiko Fujimori y a la Mesa Directiva del Congreso. El mensaje de fondo es claro: fiscalizar no significa intimidar y representar no significa someter.
El pronunciamiento surge después del enfrentamiento verbal entre el gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez, y el diputado de Fuerza Popular Javier Castro durante una inspección a los trabajos de prevención en el puente del río La Leche. El legislador cuestionó retrasos y responsabilidades. Hasta allí, nada fuera de lo esperable. La fiscalización es parte de su función. El problema comienza cuando la confrontación reemplaza al diálogo institucional y la visita política se transforma en un escenario de tensión.
La ANGR, que representa a 25 gobiernos regionales, ha pedido que el Congreso actúe con sentido de Estado y que sus representantes no utilicen sus visitas para presionar a autoridades subnacionales por decisiones que, en algunos casos, corresponden también al Gobierno nacional.
El reclamo merece atención. En un país donde las competencias suelen superponerse y las responsabilidades se reparten con facilidad, lo último que se necesita es una guerra de culpables. Si un gobernador incumple, debe ser fiscalizado. Si un municipio falla, debe responder. Pero si un congresista utiliza su investidura para amenazar o imponer, también debe ser llamado al orden.
Keiko Fujimori tiene aquí una responsabilidad política concreta. Si diputados y senadores de su entorno partidario son señalados por ejercer presiones, corresponde exigir conducta institucional, no guardar silencio ni permitir que la fuerza de una mayoría se confunda con licencia para avasallar.
Más aún cuando el país enfrenta la amenaza de El Niño y necesita coordinación real entre Ejecutivo, Congreso, regiones y municipios.
La semana de representación debe servir para escuchar, fiscalizar y coordinar, no para intimidar autoridades ni alimentar confrontaciones partidarias.
Reflexión final
La democracia se debilita cuando una autoridad confunde poder con superioridad. Gobernadores, diputados y senadores están obligados a rendir cuentas, pero también a respetarse. Si la política se convierte en presión y amenaza, el ciudadano deja de ver instituciones y empieza a ver bandos enfrentados. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).