Un país donde se denuncia, en promedio, un secuestro cada hora no puede seguir tratando la criminalidad como si fuera una sucesión de hechos aislados. Entre enero y julio de 2026 se registraron 2.999 denuncias por secuestro en el Perú, según la información atribuida al Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público. En el mismo periodo se reportaron 13.892 casos de extorsión y 125 atentados vinculados al transporte público. Las cifras no describen una percepción: describen una crisis.
Y, sin embargo, el Estado parece seguir corriendo detrás del delito mientras la criminalidad avanza varios pasos por delante.
Los secuestros ya no son episodios excepcionales. Se han convertido en una herramienta recurrente del crimen organizado, junto con la extorsión, el sicariato y la violencia contra transportistas. Junín, Arequipa, La Libertad y distintas zonas de Lima aparecen entre los lugares con mayor número de denuncias.
La respuesta oficial, hasta ahora, ha girado alrededor de facultades legislativas, mayor presencia militar, estados de emergencia y anuncios de endurecimiento penal.
Pero aquí aparece la primera gran contradicción: el problema no parece ser la falta de leyes severas, sino la incapacidad del Estado para prevenir el delito, capturar a las bandas y desarticular sus estructuras antes de que actúen.
El Gobierno de Keiko Fujimori insiste en proyectar firmeza frente al crimen. Pero la seguridad no se mide por la cantidad de conferencias, uniformes desplegados o facultades solicitadas al Congreso. Se mide por resultados.
Si hay 14 denuncias de secuestro diarias, decenas de extorsiones cada día y atentados que continúan golpeando al transporte público, entonces algo esencial está fallando.
El crimen organizado no se intimida con eslóganes. Opera con inteligencia, tecnología, vigilancia de víctimas, teléfonos, cuentas bancarias, armas y redes territoriales. Por eso combatirlo exige exactamente lo mismo desde el Estado, pero con mayor capacidad: inteligencia criminal, investigación financiera, control penitenciario, trazabilidad de comunicaciones dentro de la ley, fiscales especializados y una Policía equipada y profesional.
Seguir respondiendo con medidas temporales mientras las organizaciones criminales consolidan mercados ilegales equivale a administrar la emergencia en lugar de derrotarla.
Desde La Caja Negra consideramos que el país necesita algo más que discursos de “mano dura”. Esa expresión empieza a vaciarse cuando el ciudadano sigue pagando cupos, el transportista continúa amenazado y una familia puede recibir una llamada exigiendo dinero por la vida de uno de sus miembros.
Las facultades legislativas pueden servir. El apoyo de las Fuerzas Armadas puede resultar útil en determinadas circunstancias. Pero convertir esas herramientas en el centro de la política de seguridad corre el riesgo de confundir presencia con eficacia.
El Gobierno debe presentar metas concretas: reducción de secuestros, desarticulación de bandas, recuperación territorial, disminución de extorsiones y resultados verificables.
La criminalidad ha aprendido a convertir el miedo en negocio. El Estado, en cambio, todavía parece demasiado concentrado en anunciar que actuará. Y esa diferencia cuesta vidas.
Reflexión final
Un secuestro cada hora debería ser suficiente para declarar una emergencia política, institucional y operativa permanente contra el crimen organizado.
Porque cuando el ciudadano comienza a sentir que puede ser secuestrado, extorsionado o asesinado en cualquier momento, el verdadero fracaso no es solo de seguridad: es el fracaso de un Estado que ya no logra garantizar siquiera lo más básico, que su gente pueda vivir sin miedo. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).