El Mundial 2030 todavía no comenzó, pero España y Marruecos ya disputan su primera final. No ocurre sobre el césped, sino mediante declaraciones, presiones y movimientos diplomáticos. Ambos países quieren organizar el partido decisivo y exhiben argumentos históricos, económicos y políticos. En medio de la pugna aparece Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien posterga la definición mientras dos integrantes de una candidatura conjunta convierten la cooperación prometida en una lucha por quedarse con la joya más valiosa del torneo.
Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí, aseguró públicamente que la final se jugará en la provincia de Benslimane, cerca de Casablanca, “les guste a algunos o no”. La frase causó sorpresa porque todavía no existe una adjudicación oficial. Incluso el primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, cuestionó esa afirmación y recordó que la decisión debe discutirse respetando a España y Portugal.
Marruecos apuesta por el futuro: Gran Estadio Hassan II, proyectado para albergar a 115.000 espectadores. El recinto busca convertirse en símbolo del desarrollo africano, aunque permanece en construcción. España responde con el Santiago Bernabéu: un estadio remodelado, operativo, cargado de historia y situado en una ciudad con experiencia comprobada en majestuosos acontecimientos internacionales.
El debate no debería limitarse a establecer cuál escenario es más grande, moderno o legendario. La pregunta fundamental es qué procedimiento impulsará Infantino para escogerlo. Hasta ahora abundan las proclamaciones nacionales, pero escasean los criterios públicos. No se conocen suficientemente la metodología de evaluación, el peso de cada requisito ni cómo se garantizará la independencia de la decisión.
Ese silencio permite que la final se vea como una moneda política. Marruecos mantiene una relación cercana con Infantino y ha respaldado su conducción en momentos de creciente cuestionamiento. España, por su parte, representa el poder deportivo y comercial del fútbol europeo. Ninguna cercanía ni influencia debería reemplazar una evaluación objetiva.
Infantino tiene la responsabilidad de evitar que la sede sea interpretada como recompensa por apoyos electorales, compensación diplomática o instrumento para reconstruir alianzas. Su debilitamiento político, agravado tras el fracaso del proyecto FIFA Forward Enterprise, convierte esta definición en una prueba directa para su credibilidad.
La organización del Mundial ya es excepcionalmente compleja: España, Marruecos y Portugal recibirán la competición principal, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán encuentros conmemorativos. Seis países y tres continentes fueron presentados como una celebración de unidad. Sin embargo, la pugna por la final demuestra que, detrás de la fotografía institucional, cada anfitrión protege su propia cuota de poder.
Infantino debe promover criterios técnicos, logísticos, económicos, ambientales y de seguridad antes de tomar cualquier decisión. También tendrá que explicar el resultado y transparentar los posibles conflictos de interés. El silencio presidencial ya no es prudencia: comienza a parecer ausencia de conducción.
Reflexión final
España y Marruecos compiten por una final que todavía no les pertenece. Infantino debe arbitrar con reglas visibles, no administrar expectativas desde las sombras. Cuando dos candidatos se proclaman vencedores antes del fallo, no solo está en disputa un estadio: también se juega la credibilidad de quien gobierna el fútbol mundial. (Foto ilustración: lacajanegra.blog)