Más de 10 mil candidatos pretenden gobernar jurisdicciones en las que no registran domicilio legal. No se trata de una anécdota electoral ni de algunos expedientes extraviados en la geografía nacional. Son exactamente 10.109 postulantes —el 10% del total en competencia— cuya dirección oficial se encuentra fuera del distrito, provincia o región que aspiran a representar. La cifra no solo sorprende: enciende una alarma sobre la autenticidad de la representación política.
Según el análisis de ECData y el estadístico Mathieu Rojas, los regidores distritales presentan la mayor proporción de candidaturas foráneas, con 11,3%. Les siguen los aspirantes a alcaldes distritales, con 9,7%. Entre los candidatos a alcaldías provinciales, el panorama resulta más preocupante: de 107 postulantes con domicilio legal externo, 85 viven oficialmente fuera de la región que buscan gobernar.
La legislación permite postular en una jurisdicción diferente cuando el candidato nació allí, residió durante el periodo exigido o acredita un “domicilio múltiple”. Por tanto, no todos los casos implican una irregularidad. Sin embargo, que una candidatura pueda ser admitida no significa que deba escapar del escrutinio público. Una cosa es cumplir formalmente un requisito y otra muy distinta demostrar arraigo, conocimiento y compromiso verdadero con la comunidad.
El domicilio múltiple nació para reconocer realidades legítimas: ciudadanos que trabajan, residen o mantienen vínculos permanentes en más de un lugar. El problema aparece cuando esa figura corre el riesgo de convertirse en una llave electoral capaz de abrir municipios mediante documentos, constancias y ocupaciones ocasionales. La política peruana, siempre creativa para encontrar atajos, podría terminar fabricando vecinos por expediente.
El Jurado Nacional de Elecciones y los órganos electorales deben revisar rigurosamente las pruebas presentadas, aplicar criterios uniformes y transparentar los fundamentos de cada admisión. No basta con verificar papeles; corresponde comprobar que el vínculo alegado sea real, habitual y anterior al apetito por una candidatura.
Una autoridad regional o municipal debe conocer los problemas de la jurisdicción no solo por informes o recorridos de campaña, sino porque comparte sus servicios deficientes, su inseguridad, su tránsito y sus carencias. El alcalde debe ser el primer vecino, no el primer visitante después de convocadas las elecciones.
Reflexión final
Más de 10 mil domicilios legales fuera de la jurisdicción representan demasiadas coincidencias para mirar hacia otro lado. Si un candidato quiere administrar una comunidad donde oficialmente no vive, tiene la obligación ética de explicar qué vínculo auténtico lo une a ella. Porque gobernar un territorio exige algo más que encontrarlo en el mapa: demanda pertenencia, presencia y lealtad. Fuente: ECData–El Comercio. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).