Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y funcionario de la empresa pública Ceamse, fue imputado en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita busca determinar si, desde 2016, existió un crecimiento patrimonial apreciable sin justificación suficiente. Tapia no ha sido condenado y conserva su presunción de inocencia. Pero la presunción de inocencia no significa licencia para el silencio ni derecho a esconderse detrás de los triunfos de la selección argentina.
El episodio tiene un detalle difícil de disimular: Tapia rectificó su declaración jurada e incorporó casi 984 millones de pesos argentinos que no figuraban en la presentación inicial. Su patrimonio declarado pasó de aproximadamente 49,4 millones a más de 1.033 millones. Una diferencia capaz de financiar muchos clubes modestos apareció bajo la categoría administrativa del olvido.
Puede tratarse de una omisión subsanable; eso deberá comprobarlo la Justicia. Pero cuando alguien ejerce una función pública y simultáneamente dirige la institución más poderosa del fútbol argentino, “me olvidé” deja de ser una explicación tranquilizadora. En la alta dirigencia parece existir una memoria selectiva: se recuerdan los votos de las federaciones, los contratos comerciales y los viajes oficiales, pero algunas cifras patrimoniales necesitan una segunda declaración para hacerse visibles.
La imputación surgió tras una denuncia del empresario Guillermo Tofoni. Ahora corresponde reconstruir ingresos, bienes, sociedades y movimientos financieros para determinar si el patrimonio puede justificarse legalmente. La investigación debe avanzar sin presiones políticas, pero también sin privilegios deportivos. Una Copa del Mundo no otorga inmunidad judicial y ningún campeonato convierte las preguntas incómodas en actos antipatrióticos.
El caso expone, además, una enfermedad regional: dirigentes que permanecen durante años en cargos rodeados de escasos controles, asambleas previsibles y estructuras que celebran la obediencia mucho más que la fiscalización. Administran fortunas, reparten recursos y deciden destinos institucionales, pero reaccionan con indignación cuando alguien solicita documentos.
La AFA no debería limitarse a observar el expediente. Debe transparentar sus cuentas, fortalecer auditorías independientes y establecer mecanismos de integridad para sus autoridades. Defender la autonomía del fútbol no significa construir una aduana contra la justicia. La autonomía protege al deporte de interferencias arbitrarias; no protege patrimonios de preguntas legítimas. Infobae, La Nación, El Día
Tapia deberá ejercer su defensa y presentar la documentación correspondiente. La Justicia tendrá que investigar con independencia y celeridad. Lo inadmisible sería que el expediente se diluya entre influencias, demoras y discursos sobre persecuciones.
Reflexión final
En el fútbol, un jugador debe explicar hasta una mano involuntaria. En los despachos, en cambio, casi mil millones pueden aparecer después como una simple corrección. El verdadero juego limpio comenzará cuando los dirigentes rindan cuentas con la misma severidad que exigen dentro de la cancha. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).