La FIFA impuso sanciones de por vida a Vincent Cassell, expresidente de la Federación de Fútbol de Montserrat, y a Bassam Adeel Jaleel, exmandatario de la federación de Maldivas, por graves irregularidades financieras. La decisión es contundente, necesaria y constituye un precedente que debería estremecer a quienes todavía administran el fútbol como si los fondos institucionales fueran una extensión de sus cuentas personales. Sin embargo, también obliga a preguntar por qué los controles demoraron tanto en actuar.
Según la FIFA, Cassell incurrió en abuso de cargo, conflictos de intereses sistémicos y malversación de recursos pertenecientes al organismo internacional y a su federación. Además de quedar excluido permanentemente de toda actividad relacionada con el fútbol, fue multado con un millón de francos suizos.
Su caso revela una falla que no puede ocultarse detrás de la severidad del castigo. Cassell ya había sido sancionado en 2011 por su participación en el escándalo de pagos vinculados con la campaña presidencial de Mohamed bin Hammam. Pese a ese antecedente, continuó durante años al frente del fútbol de Montserrat. La inhabilitación resulta correcta, pero llega después de una permanencia que el propio sistema debió impedir.
Jaleel también fue expulsado de por vida por utilizar indebidamente recursos del Plan de Ayuda por la COVID-19. Aquellos fondos habían sido creados para sostener a clubes y federaciones durante una crisis mundial. Según informaciones judiciales recogidas por Associated Press, 1,2 millones de dólares habrían sido desviados y utilizados para comprar apartamentos. Dinero destinado a salvar instituciones terminó, de acuerdo con esas investigaciones, financiando beneficios particulares.
La señal enviada por estas sanciones debe alcanzar a todos los presidentes de federaciones y confederaciones. Los recursos distribuidos por la FIFA no son premios por lealtad electoral ni cheques sin vigilancia. Cada fondo mal utilizado significa menos canchas, menos formación de menores, menos fútbol femenino y menos oportunidades para comunidades que realmente necesitan apoyo.
Pero la profilaxis institucional no puede reducirse a expulsar dirigentes cuando el daño ya está hecho. Se requieren auditorías independientes, publicación detallada de transferencias, declaraciones de intereses, vigilancia permanente y mecanismos reales para recuperar el dinero. También debe explicarse cómo se ejecutarán las multas, porque una sanción económica incobrable puede convertirse en una amenaza de papel. FIFA, Primera Hora–Associated Press
Las inhabilitaciones perpetuas representan un precedente positivo siempre que se haya respetado el debido proceso. Ahora corresponde demostrar que no son medidas aisladas ni selectivas, sino parte de una política universal contra el abuso del poder.
Reflexión final
Limpiar el fútbol no consiste únicamente en expulsar a dos dirigentes. Significa revisar todo el sistema que les permitió actuar y permanecer. La verdadera justicia llegará cuando ningún cargo, alianza política o respaldo regional pueda proteger a quien convierta el dinero del fútbol en beneficio personal. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).