La confirmación del viaje apostólico del papa León XIV al Perú pone en evidencia el abismo que separa la retórica oficialista de la cruda realidad ciudadana. Mientras las delegaciones del Vaticano y el Gobierno coordinan estrados, aforos y anillos de seguridad para resguardar la comitiva papal en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, el país real se desangra en las calles. El pontífice no encontrará la nación que dejó en sus años pastorales, sino un territorio fracturado por la extorsión, el sicariato e inmerso en una alarmante espiral de violencia.
La coyuntura es devastadora. Solo en lo que va del presente periodo gubernamental se registran más de 500 homicidios, en su gran mayoría perpetrados con armas de fuego. Octubre cierra con un promedio implacable de más de seis ejecuciones diarias, configurando uno de los picos más oscuros del año. En este contexto de desgobierno, la ciudadanía no solo convive con el duelo constante, sino con el miedo cotidiano de no retornar a casa.
Resulta inaceptable que el despliegue del aparato estatal se movilice con eficiencia únicamente cuando se trata de proteger a dignatarios internacionales. Proteger la integridad del jefe del Estado Vaticano es una obligación institucional ineludible, pero el desvelo oficial no puede soslayar la vulnerabilidad de las miles de familias que se congregarán en los actos masivos. La seguridad no es un privilegio de élite ni un decorado diplomático; es un derecho constitucional inalienable de cada habitante de esta república.
El problema de fondo radica en la indolencia estructural y en la incapacidad de las instituciones para formular políticas públicas de prevención y persecución penal efectivas. Frente a un crimen organizado que gana terreno con ferocidad, el poder político responde con discursos populistas, incrementos de penas efectistas y parches normativos que han demostrado su total fracaso. El sicariato no se detiene con discursos de ocasión, sino con investigación criminal, inteligencia estratégica y un sistema de justicia limpio e idóneo.
La llegada de León XIV debe actuar como un espejo incómodo para la clase política peruana. No puede haber paz genuina ni unidad social donde la vida humana ha perdido su valor esencial y la impunidad es la regla. Si el Estado solo es capaz de garantizar la vida bajo el blindaje de la seguridad oficial, habrá certificado su completa quiebra moral. Es momento de exigir que la protección de la vida humana vuelva a ser la primera y más sagrada prioridad de quienes dirigen los destinos de la nación. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).