La discrepancia política no necesita humillar para hacerse escuchar. La Procuraduría del JNE denunció a Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez por presuntos delitos de acoso y coacción, tras expresiones de connotación sexual dirigidas contra el presidente del organismo, Roberto Burneo. Corresponde a la Fiscalía evaluar los hechos y determinar si existe responsabilidad penal. Lo que ya merece un rechazo público es la utilización de alusiones degradantes como instrumento de confrontación.
Según informó el procurador Ronald Angulo, Álvarez reprodujo en un acto público en Lurín expresiones de la misma naturaleza que López Aliaga había utilizado meses antes contra Burneo. No se trató de un argumento sobre actas, plazos o resoluciones. El mensaje recurrió a una imagen de agresión sexual para descalificar a una autoridad. Cuando la humillación reemplaza a la evidencia, el debate pierde y la violencia verbal gana espacio.
López Aliaga y Álvarez tienen derecho a cuestionar al JNE. Pueden exigir explicaciones, presentar pruebas e impugnar decisiones mediante los procedimientos correspondientes. Las autoridades electorales, por su parte, deben responder con transparencia. Pero ninguna discrepancia convierte la dignidad de una persona en un blanco legítimo de escarnio. La firmeza política se mide por la solidez de los argumentos, no por la capacidad de provocar una ovación con una frase degradante.
El episodio también revela una preocupante trivialización de la violencia sexual. Usarla como recurso para humillar transmite un mensaje que desborda la disputa con Burneo: convierte una agresión grave en espectáculo. El JNE señaló que, durante el acto de Lurín, había menores de edad presentes. Quienes buscan representar al país deberían preguntarse qué enseñan cuando presentan la intimidación como entretenimiento.
La denuncia no equivale a una condena. López Aliaga y Álvarez tienen derecho a defenderse, y la Fiscalía debe actuar con independencia y conforme a la ley. Defender ese debido proceso es tan importante como rechazar públicamente las expresiones cuestionadas.
El JNE debe rendir cuentas por sus decisiones sin ceder a presiones. Los dirigentes políticos deben sustentar sus reclamos sin recurrir a la degradación personal. Una institución democrática necesita crítica y fiscalización; también necesita garantías para decidir sin intimidaciones.
Reflexión final
El Perú tiene problemas demasiado graves para convertir la política en una competencia de agravios. Quien aspira a liderar debería elevar la conversación pública. Humillar no demuestra autoridad, y arrancar aplausos no transforma una agresión verbal en una propuesta para el país. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).