¿Dónde está el plan contra la criminalidad que Keiko Fujimori ofreció en campaña? La ciudadanía merece conocer su ejecución, sus responsables y sus resultados. Hasta el 31 de octubre, un reporte de GPS Agencia basado en el SINADEF contabilizó 1.763 homicidios. La presidenta debe explicar cómo enfrenta esa violencia. Anunciar firmeza resulta sencillo; proteger vidas exige una conducción que se reconozca fuera de las conferencias.
El Gobierno presentó el Plan Escudo, que reforzó la presencia policial y militar en empresas de transporte. Representantes del sector cuestionaron su eficacia. Corresponde publicar un balance: cuántas amenazas se neutralizaron, qué redes fueron desarticuladas y cómo se protegió a quienes denunciaron. Un escudo necesita demostrar que protege. De lo contrario, termina resguardando únicamente la imagen de quienes lo anunciaron.
Los operativos no acreditan por sí solos una estrategia integral. El país necesita saber cómo se conectan prevención, investigación criminal, persecución del dinero y control penitenciario. También qué coordinación sostiene Fujimori con fiscales, jueces, municipios y autoridades regionales. Gobernar exige conseguir que esas instituciones trabajen juntas, aunque produzca menos fotografías que un despliegue militar.
La protección del denunciante debe ocupar un lugar central. Pedir que alguien identifique a quienes lo amenazan compromete al Estado a evaluar y reducir su riesgo. Recibir una declaración y dejar pendiente el seguimiento puede completar un procedimiento sin resolver el peligro. La burocracia conserva su expediente; la víctima continúa preguntándose quién la defenderá.
Las prórrogas de emergencia también exigen explicar qué cambia entre un periodo y otro. Si persisten las amenazas, corresponde revisar la respuesta. Renovar facultades sin mostrar aprendizajes convierte la excepcionalidad en rutina administrativa. El ciudadano sigue expuesto; el decreto, al menos, tiene asegurada su renovación.
La responsabilidad política alcanza a Fujimori. Heredar una crisis no la convierte en su autora exclusiva, pero tampoco la exonera de dirigir su solución. Quien pidió el voto ofreciendo preparación debe demostrarla cuando corresponde decidir, coordinar y exigir cumplimiento.
La presidenta debe presentar el desarrollo de su oferta electoral: objetivos, presupuesto, plazos y evaluación. El Plan Escudo merece un examen de eficacia, con correcciones y responsabilidades. La seguridad no puede sostenerse en nombres contundentes y explicaciones pendientes.
Los funcionarios deben responder por lo que consiguen proteger, no únicamente por las actividades que anuncian.
Reflexión final
Las familias necesitan comprobar que el Estado puede impedir que las amenacen y las maten. La promesa electoral ya fue pronunciada. Falta demostrar su cumplimiento. ¿Cuándo la preparación ofrecida en campaña se convertirá en protección efectiva? (Foto ilustración: lacajanegra.blog).