Jeanette Alonzo podría convertirse en alcaldesa de Lima en lugar de Rafael López Aliaga. La posibilidad ha puesto al JNE ante una decisión que no admite rodeos: explicar quién debe recibir la credencial municipal y cómo se aplica la prohibición de reelección inmediata. La ciudadanía votó por una lista, pero todavía necesita saber quién encabezará la gestión y bajo qué fundamento. La incertidumbre no puede prolongarse mientras los protagonistas se disputan el sillón en declaraciones públicas.
Alonzo es la segunda regidora de la lista de Renovación Popular; López Aliaga, exalcalde de Lima, figura como primero. Tras la renuncia del candidato que encabezaba la fórmula, surgió la controversia sobre quién podría asumir la alcaldía. La eventual proclamación de Alonzo es una posibilidad, no una decisión definitiva. Corresponde al jurado electoral competente resolverla y explicar sus razones.
El caso de San Juan Bautista, en Ica, ofrece un criterio que merece atención. Allí, el Jurado Electoral Especial proclamó alcaldesa a Rita Guerrero Cajo, segunda regidora de la lista ganadora. No proclamó al alcalde que había postulado como primer regidor, al considerar que su retorno inmediato vulneraría la Constitución. La resolución no se traslada automáticamente a Lima, pero plantea una pregunta que el JNE debe responder: ¿se aplicará el mismo razonamiento y, si no, qué diferencias jurídicas lo justifican?
La discusión no puede reducirse a una disputa de nombres. Si la prohibición busca impedir la continuidad inmediata, la justicia electoral debe aclarar si una candidatura a regidor seguida de una renuncia respeta esa finalidad. Una norma constitucional pierde fuerza cuando su cumplimiento depende de encontrar una ruta ingeniosa alrededor de ella.
Los propios organismos electorales tienen la obligación de despejar la confusión. Distintos jurados especiales han tomado decisiones diferentes en casos semejantes. El Pleno del JNE debe explicar el criterio que corresponda, con razones comprensibles y sin someterse al peso político de los interesados. La independencia se demuestra resolviendo, no dejando que la incertidumbre se instale en la alcaldía antes que la próxima autoridad.
Alonzo podría ocupar el cargo si así lo determina la autoridad electoral. López Aliaga tiene derecho a defender su posición y los limeños, a recibir una resolución motivada. La votación y la Constitución merecen el mismo respeto.
Reflexión final
Lima necesita una respuesta basada en derecho, no en presiones. La credencial municipal no es un premio reservado de antemano: debe entregarse a quien corresponda conforme a la ley. El JNE tiene la palabra; la ciudadanía merece escuchar una explicación clara. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).