Keiko Fujimori está en deuda con el Perú. Cien días no alcanzan para reconstruir un Estado, pero sí para demostrar que existe una dirección y capacidad para ejecutarla. Quien prometió orden debe responder por la distancia entre sus ofrecimientos y la vida cotidiana. La paciencia ciudadana no es un cheque en blanco. Recordar los errores heredados resulta insuficiente cuando el gobierno empieza a reproducir las prácticas que ofreció superar.
El balance cuestiona la continuidad de los problemas de seguridad, la presión sobre los hogares y la conducción diplomática. También señala que, al cierre de su editorial del 5 de noviembre, todavía no se habían publicado los decretos correspondientes a las facultades delegadas. Es una evaluación crítica cuya exigencia central merece respuesta: ¿dónde están las decisiones que convertirán la promesa electoral en resultados verificables?
La falta de resultados suficientes no permite afirmar que absolutamente nada se haya hecho. Pero tampoco corresponde presentar cada actividad oficial como prueba de transformación. Una gestión debe evaluarse por lo que resuelve, no por la cantidad de ocasiones en que anuncia que resolverá.
En seguridad, el problema político es especialmente grave: la firmeza fue una oferta central de campaña. Por eso, la presidenta debe explicar qué estrategia está funcionando, con qué recursos y bajo qué indicadores. La ciudadanía merece conocer si disminuyen los ataques, mejoran las investigaciones y se protege efectivamente a quienes denuncian.
Repetir estados de emergencia sin demostrar su eficacia convierte una herramienta excepcional en una rutina administrativa. El delincuente no retrocede porque un decreto tenga un título contundente. Se necesita investigación, inteligencia, control de armas y coordinación institucional. La autoridad se acredita con resultados; el volumen del discurso no los reemplaza.
Las facultades legislativas tampoco pueden convertirse en una nueva sala de espera. Solicitarlas supone identificar problemas, preparar propuestas y organizar su ejecución. Si eran urgentes, corresponde explicar los plazos. Si todavía faltaba diseñarlas, la urgencia anunciada exige una aclaración.
En economía, ninguna familia paga sus alimentos con mensajes de confianza. El Ejecutivo debe identificar qué encarece los productos y actuar dentro de sus competencias, con medidas sustentadas. Prometer alivio sin explicar instrumentos, presupuesto y alcance solo añade frustración.
La política exterior merece idéntico escrutinio. Una visita internacional debe producir acuerdos útiles y compromisos transparentes. La fotografía puede documentar un encuentro; jamás demuestra, por sí sola, que el país haya ganado seguridad.
La Caja Negra exige un balance público con metas, responsables, presupuestos y fechas. También demanda corregir nombramientos cuando el desempeño no esté a la altura y reconocer medidas fallidas. Admitir errores permite rectificar; maquillarlos prolonga sus consecuencias.
El Congreso debe fiscalizar esa ejecución. Su responsabilidad no termina al entregar facultades, ni la del Gobierno comienza únicamente cuando las recibe.
Reflexión final
Cien días no son una sentencia definitiva, pero tampoco una ceremonia de absolución. Son una advertencia. Keiko Fujimori debe demostrar que sabe conducir el Estado que pidió gobernar. Porque mientras Palacio administra expectativas, los ciudadanos pagan el costo de las respuestas que todavía esperan. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).