Tumbes tiene 324 personas damnificadas, 808 afectadas y 109 viviendas inhabitables, según el balance del COEN difundido el 6 de noviembre. No se reportaron fallecidos ni daños a la salud. Es una buena noticia dentro de una emergencia que exige respuestas inmediatas. Para quienes no pueden regresar a su hogar, la gestión pública debe medirse en protección y asistencia. Las declaraciones de preocupación, lamentablemente, no sirven de techo.
En Rica Playa, distrito de San Jacinto, se registraron 112,5 litros de lluvia por metro cuadrado. Se activaron seis quebradas y hubo inundaciones en sectores como VaquerÃa y Casa Blanqueada. La intensidad fue extraordinaria. Precisamente por eso corresponde examinar qué preparación existÃa, qué infraestructura funcionó y dónde fueron insuficientes las medidas. Atribuirlo todo a la naturaleza serÃa una explicación demasiado cómoda para quienes administran la prevención.
El Ministerio de Vivienda, el Gobierno Regional, Indeci, municipalidades y Ejército movilizaron equipos, realizaron drenajes y apoyaron la instalación de albergues. Ese trabajo merece reconocimiento. También exige continuidad: retirar el agua no devuelve automáticamente condiciones seguras a una vivienda ni resuelve el abastecimiento de una familia. La emergencia continúa después de que la maquinaria abandona la fotografÃa.
Ahora deben responder las autoridades: ¿cuántos drenajes estaban operativos?, ¿qué mantenimiento se ejecutó?, ¿qué zonas requerÃan evacuación preventiva?, ¿cómo se comunicaron las alertas? Preguntar no equivale a declarar culpabilidades. Permite establecer si hubo decisiones oportunas, limitaciones materiales u omisiones que deben corregirse. El desastre no puede convertirse en una amnistÃa para la mala gestión.
La advertencia sigue vigente. El Senamhi prevé lluvias fuertes a extremas en la costa norte hasta el domingo 8 de noviembre, especialmente en Tumbes. Esa información exige decisiones antes de la siguiente precipitación: rutas despejadas, albergues adecuados, atención sanitaria y protección de personas vulnerables. Una alerta leÃda y archivada tiene una utilidad administrativa impecable y una eficacia preventiva bastante dudosa.
El Gobierno nacional, la región y los municipios deben publicar necesidades, recursos disponibles y plazos de atención. Las familias necesitan saber qué recibirán y cuándo. También corresponde revisar daños y condiciones de seguridad antes de promover retornos.
La ayuda debe llegar con transparencia y seguimiento, sin depender de la exposición mediática del barrio afectado.
Reflexión final
Las lluvias no pueden detenerse mediante una orden. La exposición al riesgo sà puede reducirse con decisiones responsables. Tumbes necesita asistencia hoy y prevención sostenida después. Porque reconstruir lo perdido sin corregir las vulnerabilidades serÃa dejar preparada la próxima emergencia. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).