El aeropuerto Jorge Chávez podría enfrentar inundaciones en sus accesos y afectaciones en parte de su infraestructura ante una crecida del Rímac. La advertencia de Lima Airport Partners (LAP) plantea una pregunta incómoda: ¿las intervenciones preventivas están reduciendo el peligro o apenas produciendo imágenes de maquinaria en movimiento? La diferencia importa. Un río no evalúa anuncios, presupuestos ni ceremonias: pone a prueba lo que efectivamente se hizo.
Según LAP, parte del material removido durante la descolmatación ejecutada por el Gobierno Regional del Callao permanece en el cauce o acumulado en sus márgenes. La concesionaria advierte que esa situación podría obstaculizar el flujo y aumentar el riesgo de desbordes. Es una observación que exige inspección independiente y respuesta documentada. No basta rechazarla ni repetir que los trabajos continúan.
Si lo denunciado se confirma, la pregunta será inevitable: ¿para qué remover material si permanece donde podría dificultar el paso del agua? Corresponde identificar qué trabajos se contrataron, cómo se supervisaron y qué resultados se verificaron. La prevención no se acredita con fotografías de excavadoras. Se demuestra con intervenciones técnicamente sustentadas y riesgos efectivamente reducidos.
La alerta alcanza la avenida Néstor Gambetta, sectores de la segunda pista y sistemas eléctricos y de comunicaciones. Son riesgos potenciales, no daños consumados. Precisamente por eso todavía hay oportunidad de actuar. Esperar una afectación para discutir competencias sería convertir la burocracia en un obstáculo adicional para pasajeros, trabajadores y operaciones aeroportuarias.
LAP, por su parte, informa que monitorea las aguas subterráneas, mantiene drenajes y utiliza equipos de bombeo. También debe demostrar la preparación de sus instalaciones y sus protocolos de contingencia. Emitir una alerta necesaria no constituye una exoneración anticipada de responsabilidades. La seguridad exige que cada entidad cumpla su parte, sin utilizar las deficiencias ajenas como refugio.
El gobierno regional debe responder con evidencia; las autoridades competentes, verificar y exigir correcciones donde correspondan. Urgen plazos públicos, responsables identificados y supervisión técnica. Si existen incumplimientos, deben establecerse las responsabilidades correspondientes. Otra reunión servirá de poco si nadie puede explicar qué peligro concreto quedó resuelto.
La ciudadanía merece resultados antes de la emergencia, no una conferencia para repartir culpas después.
Reflexión final
El Rímac no distingue entre concesionario, contratista y funcionario. Pero la fiscalización sí debe distinguir quién debía hacer qué. La advertencia ya existe. Si se desatiende, después no bastará señalar al cielo: habrá que revisar también las decisiones tomadas en tierra. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).