El pasajero seguirá pagando y el Gobierno pretende destacar que ahora será más sencillo cobrarle. Según el ministro de Transportes, las aerolíneas se comprometieron a incorporar la TUUA de transferencia internacional del Jorge Chávez en el boleto aéreo. El anuncio facilita una transacción, pero no acredita ahorro alguno. Una ventanilla menos no significa una carga económica menor.
El perjuicio está en el costo adicional que asume el viajero. Integrarlo al pasaje mantiene esa carga: cambia dónde se paga, no quién la soporta. Por eso, presentar el mecanismo como una respuesta suficiente resulta una manera bastante cómoda de esquivar la discusión principal: qué justifica la tarifa y cuánto corresponde cobrar.
La precisión es indispensable: esta TUUA afecta a quienes conectan un vuelo internacional con otro internacional en Lima. Actualmente, asciende a US$10,05 sin IGV. LAP propone reducirla a US$6,40, también sin IGV, mientras el Ejecutivo busca aproximadamente US$4. Ese último monto continúa en negociación, sin acuerdo definitivo ni fecha anunciada de aplicación. Hay un compromiso sobre cómo recaudar; el alivio económico todavía espera.
Esa diferencia expone la debilidad del anuncio. El usuario conoce una obligación concreta y escucha una mejora eventual. Qué diligencia para organizar el cobro; ojalá exista igual determinación para justificarlo públicamente. El MTC debe explicar qué servicios financia esta tarifa, cómo se calculó y qué alternativas evaluó para proteger al pasajero y la competitividad del aeropuerto.
La concesionaria tiene derecho a exponer sus argumentos contractuales. Las autoridades tienen la responsabilidad de examinarlos y explicar sus decisiones. El contrato no debería utilizarse como una frase de cierre ante cualquier cuestionamiento. Quien termina pagando merece conocer el sustento, sin necesitar un equipo de abogados para comprenderlo.
Las aerolíneas tampoco pueden limitarse a incorporar el cargo y anunciar colaboración. Deben mostrarlo claramente, informar el precio total antes de comprar y evitar duplicidades. Si se concreta una rebaja, su aplicación tendrá que ser verificable. La transparencia no puede depender de cuánto insista el consumidor.
El Gobierno debe cerrar la negociación y publicar monto, impuestos, condiciones y plazos. Hasta entonces, corresponde informar sobre una reducción pendiente. Celebrar anticipadamente sería convertir una expectativa en propaganda y dejar al pasajero financiando la diferencia.
Reflexión final
El viajero no necesita que le faciliten pagar una cuenta sin suficiente explicación pública. Necesita una tarifa justificada y autoridades capaces de defender sus intereses. Incorporar la TUUA al boleto puede simplificar el trámite; aliviar el bolsillo exige resultados. Los aplausos deberían esperar al mismo tiempo que lleva esperando el pasajero. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).
