El debate sobre un nuevo desembolso de los fondos previsionales vuelve a encender las alarmas en el escenario político y económico nacional. Al día de hoy, el proyecto de ley que plantea un noveno retiro extraordinario de las AFP se encuentra paralizado en la Comisión de Economía del Congreso, arrastrando consigo la histórica polarización entre las demandas urgentes de la ciudadanía y la férrea resistencia de los sectores técnicos y políticos tradicionales. Esta propuesta, justificada en la necesidad de mitigar los inminentes impactos económicos del fenómeno El Niño, expone una vez más las profundas fisuras de un modelo de protección social que parece haber olvidado su fin primordial: servir al trabajador.
La iniciativa, impulsada desde sectores de izquierda y respaldada por organizaciones sindicales como el Siuntra, argumenta que las familias peruanas requieren de manera inmediata liquidez para proteger sus viviendas y afrontar el encarecimiento de la canasta básica familiar debido a las anomalías climáticas. Es una realidad innegable que amplios sectores de la población carecen de un colchón financiero para resistir emergencias imprevistas. Ante la inacción y la incapacidad del aparato estatal para diseñar redes de protección efectivas, el acceso voluntario a los propios ahorros se presenta ante la opinión pública como la única balsa de salvación disponible frente a la crisis.
Sin embargo, la respuesta del Poder Ejecutivo, personificada por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ha sido un portazo rotundo. Calificar la propuesta como una «tozudez sin sustento» evidencia una preocupante indolencia frente a las urgencias del día a día del ciudadano de a pie. Si bien la academia y el MEF advierten con rigurosidad técnica sobre el desmantelamiento de las pensiones futuras y el impacto negativo en la liquidez del mercado financiero de largo plazo, sus argumentos naufragan al no ofrecer alternativas viables de contingencia económica. Exigirle a la población que priorice una jubilación lejana mientras enfrenta la precariedad inmediata es un contrasentido que solo profundiza la desconfianza ciudadana.
Por otro lado, la persistente oposición de bloques como el fujimorismo a cualquier tipo de flexibilización previsional no hace sino alimentar la percepción de que la defensa del sistema privado muchas veces responde más a la protección de los intereses de las corporaciones financieras que al bienestar real de los afiliados. Desde la creación de las AFP en la década de los noventa, el modelo ha adolecido de una alarmante falta de legitimidad social, presentándose como un sistema obligatorio y cerrado que privatiza las ganancias de los fondos, pero socializa las pérdidas con los aportantes.
La verdadera reforma previsional no se resolverá bloqueando sistemáticamente el debate en comisiones parlamentarias ni descalificando las demandas laborales. La Caja Negra alerta sobre el peligro de mantener un sistema rígido que da la espalda a las crisis extraordinarias del país. Es imperativo que las autoridades dejen de lado los dogmatismos económicos y busquen soluciones integrales que equilibren la sostenibilidad financiera de largo plazo con la subsistencia digna de los trabajadores en el presente. La pasividad política frente a las emergencias sociales es el peor camino hacia el desgobierno. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).
