Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
En el Perú del 2025, pagar con tarjeta no solo implica elegir un medio moderno y ágil. También es un acto de fe. Fe en que no te cobren ese misterioso “5% adicional” que aparece como por arte de magia al momento de pagar. Y si te atreves a preguntar por qué, la respuesta es simple y elegante: “son políticas del local”. Porque aquí, el consumidor no tiene derechos, tiene tolerancia. Y si alguien se anima a defenderlo, ese alguien —en teoría— es Indecopi. Claro que para eso, Indecopi tendría que despertarse antes del cierre del local.
Los bancos ganan, los comercios ganan, y los consumidores… pagan. Pagan comisión, pagan el café, pagan el sistema. La popularización de tarjetas y billeteras digitales ha hecho que el pago en efectivo se vuelva casi arcaico, pero cada vez que alguien dice “crédito, por favor”, un local sonríe: ahí viene el extra.
El cobro del 5% adicional por pagar con tarjeta es tan frecuente que ya ni indigna: cansa. Y cuando se indaga sobre su legalidad, la respuesta oficial de Indecopi es una joya de lógica institucional: sí pueden cobrar, pero deben avisarte antes. O sea, pueden colgarte del precio, pero con cartelito visible. Mientras el Código de Protección al Consumidor señala que la información debe ser clara, anticipada y destacada, en la práctica el consumidor suele enterarse justo cuando ya está firmando el voucher.
¿Y cuándo interviene Indecopi? Solo si uno presenta denuncia, adjunta prueba, agota conciliación, llena el formulario, y respira hondo. Porque sí, el organismo que supuestamente vela por nuestros derechos responde… pero a paso de tortuga con resaca. En una realidad donde el abuso es rutina y la información es letra chiquita, exigir que el ciudadano promedio se enfrente a todo un sistema para recuperar un par de soles de recargo parece más sátira que justicia.
Lo peor es que este 5% no solo es símbolo de una práctica abusiva. Es metáfora de todo un modelo. Uno donde el cliente no es rey, sino rehén. Donde el Estado mira desde lejos, con cara de “yo qué puedo hacer”. Donde las sanciones suenan espectaculares en los titulares —450 UITs, ¡wow!— pero en la realidad, muchas veces no pasan de amonestaciones inofensivas y promesas de “mayor fiscalización”.
Mientras tanto, la banca celebra. Porque a diferencia del consumidor, los bancos sí tienen quien los proteja. Sus comisiones se mantienen firmes, sus ganancias suben como cohete, y si el usuario protesta, le ofrecen cambiar de tarjeta… a una con beneficios iguales, pero con más letras pequeñas. Y eso sí, siempre con sonrisa.
El cobro adicional por pagar con tarjeta no es solo una estafa disfrazada de política comercial. Es una muestra de cómo funciona la economía cotidiana en el Perú: el sistema está armado para que el ciudadano calle, pague y se vaya. Y si no le gusta, que llene el Libro de Reclamaciones (si es que lo encuentran). El abuso está tan institucionalizado que hasta tiene tarifa.
Y mientras Indecopi lanza comunicados explicativos —que más parecen manuales para sobrevivir al abuso que advertencias reales—, la desprotección sigue siendo el menú del día. Porque en este país, ejercer derechos parece más difícil que abrir una cuenta en un banco… sin comisiones.
Reflexión final
En el Perú, el consumidor es valiente por default. Se enfrenta a precios inflados, productos defectuosos, servicios engañosos y, por si fuera poco, a comisiones misteriosas que brotan como hongos. El Estado, en vez de estar al frente, va varios pasos atrás, mirando la escena y tomando nota.
Indecopi, que debería ser un escudo, muchas veces actúa como testigo. O peor, como observador distraído. Porque mientras el consumidor reclama por ese 5% que nadie explicó, el sistema entero le responde con burocracia. Y al final, lo único que queda claro es que en el Perú, el cliente siempre tiene la razón… pero nunca el respaldo.