Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
En el Congreso del Perú, los méritos ya no se miden por experiencia, títulos o logros. Se miden por ADN, carnet político y obediencia ciega. El caso de la odontóloga Alexandra Tafur —quien a sus 24 años fue bendecida con un puesto en el Parlamento que antes ocupaba su madre— no es una rareza. Es más bien un símbolo. Un recordatorio de que en este país el Estado no se gobierna: se hereda. Y no se hereda por testamento, sino por conveniencia política y blindaje institucional.
La revelación vino de Cuarto Poder (América TV, 2024): Alexandra Tafur Salazar fue contratada para el Área de Desarrollo y Bienestar Personal del Congreso, un puesto que —¡oh sorpresa!— ocupaba su madre, Cecilia Salazar, hoy asesora principal de la congresista Rosío Torres. Madre e hija, ambas militantes de Alianza para el Progreso (APP), partido fundado por César Acuña, ese visionario que entendió antes que nadie que el poder no se comparte: se reparte entre los tuyos.
Todo esto sería ya bastante bochornoso si no fuera, además, ilegal. Según la normativa vigente, familiares directos no pueden trabajar en la misma institución pública, menos aún uno sustituyendo al otro como si se tratara de un bien mueble. Pero en el Congreso, las normas no se rompen: se reinterpretan, y cuando no alcanzan, se ignoran con elegancia institucional.
La contratación fue autorizada por Heidy Figueroa, quien en ese momento dirigía Recursos Humanos del Congreso. ¿Su filiación política? APP, por supuesto. Ya no se trata solo de nepotismo: es una maquinaria de colocación partidaria, con piezas perfectamente engrasadas que producen puestos públicos como si fueran pan caliente.
Y como en todo drama parlamentario, hay un lado B. Salazar y Rosío Torres están bajo investigación de la Fiscalía por el caso de ‘mochasueldos’, esa práctica nacional ya normalizada donde los trabajadores entregan parte de su sueldo para financiar —curiosamente— a familiares o allegados del congresista de turno. En este caso, el sobrino de Torres, Juan Daniel Pérez Guerra, habría sido el beneficiario de estas transferencias mensuales, según testigos recogidos por Cuarto Poder.
Pero si algo demuestra el Congreso peruano es que en este país la impunidad es más rápida que la justicia. En febrero de este año, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por María Acuña (APP, otra coincidencia), archivó la denuncia contra Torres porque “la mera sospecha no basta”. Aunque haya testimonios, transferencias bancarias, declaraciones en televisión y documentos judiciales, todo es insuficiente si el blindaje es del color correcto.
La congresista Torres, por su parte, se victimizó con elegancia, acusando al programa de “acoso mediático” y “campaña de desprestigio”. Porque en el Perú, cuando te descubren haciendo algo turbio, el problema no es el hecho, sino que lo cuenten en televisión.
El Congreso de la República no es un espacio de representación nacional. Es un clan, un feudo moderno donde los apellidos, las amistades y los carnets valen más que cualquier concurso público. El caso de Alexandra y su madre no es escandaloso porque sea único, sino porque es exactamente igual a decenas más que se cuecen en silencio entre mochasueldo, contrataciones cruzadas y blindajes legislativos.
Rosío Torres es solo un nombre más en una lista cada vez más larga. Una congresista que fue salvada por sus propios pares, mientras la ciudadanía asiste a este espectáculo de corrupción hereditaria como quien ve una tragicomedia repetida. Solo que, esta vez, los actores siguen cobrando… y nosotros seguimos pagando.
Reflexión final
En el Perú de hoy, los valores constitucionales son letras muertas cuando se cruzan con los intereses partidarios. El Congreso no solo ha perdido legitimidad: ha normalizado el uso familiar del poder, desdibujando cualquier vestigio de ética pública. La meritocracia es una farsa, y la transparencia un eslogan. ¿Qué queda? Un Parlamento que legisla para sí mismo, que protege a sus aliados y castiga al que se atreve a romper el pacto del silencio.
Y mientras tanto, allá afuera, hay jóvenes brillantes con maestrías que jamás pisarán un cargo público… porque no tienen el apellido correcto ni el partido indicado. En el Perú, la herencia política reemplazó al mérito. Y lo peor: ya ni siquiera nos sorprende.