Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Chancay sueña con ser el nuevo gran puerto del Pacífico. Pero, mientras los barcos chinos se preparan para entrar con contenedores y promesas, otro “negocio” avanza más rápido: las mafias de tráfico de tierras, que se están repartiendo hectáreas con la misma facilidad con la que el Gobierno reparte comunicados vacíos. Y mientras tanto, Dina Boluarte y su gabinete parecen haber perdido el habla, atrapados entre Rolex, cirugías y el conteo regresivo hacia el 28 de julio de 2026.
Chancay está en jaque. Y no por un problema portuario, sino porque las mafias están ganando terreno físico y legal alrededor del megaproyecto más grande del país. No es un chisme de mercado. Es una realidad respaldada por denuncias, asesinatos y documentos fraudulentos que brotan como maleza en los registros públicos.
Mientras la maquinaria china avanza a toda máquina dragando el puerto, las mafias de Sayán y alrededores están dragando la legalidad peruana, usando notarios, abogados, jueces y fiscales como herramientas. Han creado una industria paralela: asambleas fantasmas, documentos truchos, partidas duplicadas y, por supuesto, balas. Porque aquí no se expropia sin costo. Dos asesinatos recientes son la prueba de que esto no es solo papel sellado.
Pero, ¿qué hace el Gobierno?. Pues exactamente lo mismo que viene haciendo con el gota a gota, los extorsionadores en Lima, el narco que se expande en el VRAEM, y el sistema de alerta sísmica que no suena: nada. Bueno, no exactamente nada. Sí hace simulacros, convoca mesas técnicas y, eso sí, se toma fotos muy elegantes en las que sonríen todos, menos el país.
La investigación de Expreso ha destapado un esquema tan escandaloso que debería haber encendido todas las alarmas en Palacio. Pero no. En lugar de un operativo de alto nivel, tenemos a una presidenta que sigue muda, mientras sus ministros parecen estar más preocupados por saber si el Congreso los va a censurar o si sus nombres aparecerán en la siguiente investigación fiscal.
¿Y quién se está quedando con la tierra? Redes criminales perfectamente estructuradas, con abogados que firman documentos por encargo, notarios que certifican asambleas inexistentes, y hasta jueces que dictan medidas cautelares respaldadas… ¡por fiadores muertos! Sí, literal: un muerto sigue firmando documentos seis años después de su deceso. En Perú, ni los difuntos descansan en paz si pueden servir para una invasión.
Y el colmo: mientras esto ocurre en el perímetro del megapuerto llamado a mover miles de millones de dólares, no hay ni un solo gran operativo, ni una intervención del Ejecutivo, ni un pronunciamiento presidencial. Como si Chancay fuera una noticia menor, mientras el gabinete se consume en su propia combustión interna.
Si no se actúa ya, Chancay va camino a convertirse en Pataz 2.0, pero con un puerto internacional y mucho más dinero de por medio. Porque donde hay plata, las mafias se multiplican. Y en Perú, cuando las mafias se multiplican, la respuesta oficial se divide.
Reflexión final
¿Qué tiene que pasar para que el Gobierno se despierte? ¿Cuántos asesinatos más, cuántas hectáreas más invadidas, cuántos documentos falsificados? Chancay podría ser el símbolo de nuestro desarrollo logístico y económico. Hoy, amenaza con ser el símbolo perfecto de un Estado ausente, de un país donde el crimen siempre va cinco pasos adelante, mientras el Gobierno sigue revisando su itinerario de viajes o, peor, sus propias carpetas fiscales.
Si Chancay cae en manos de las mafias, el puerto no será solo un muelle para barcos chinos. Será un nuevo epicentro del crimen organizado, un monumento a la corrupción… y otra prueba de que en el Perú el verdadero piloto automático lo llevan las mafias, mientras el Estado solo sostiene el timón para la foto.
Porque, si algo nos está quedando claro, es que este país está a la deriva… y Chancay, tristemente, es solo la próxima parada.