Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Hay una frase que deberíamos tatuarnos para sobrevivir al Perú: “Siempre se puede estar peor.” Y si alguna duda quedaba, basta con mirar al Congreso. El mismo Congreso que debería velar por el país, la democracia y la justicia. Hoy está más ocupado en blindajes mutuos, designaciones sospechosas, mochasueldos y, por supuesto, en callar a quienes se atreven a hablar.
La última escena de este circo la protagoniza Emely Silva Uriarte, secretaria del sindicato SITRAPARL, quien ha pasado de ser trabajadora parlamentaria a potencial objetivo de amenazas. Todo por la osadía de querer saber en qué se gastan nuestros millones. Bienvenidos al Congreso, la empresa privada más rentable del Perú.
Vamos por partes, porque aquí hay tela para cortar.
Emely Silva Uriarte, valiente o temeraria, decidió denunciar lo que muchos sospechamos: que el Congreso es un gran negocio, donde las compras millonarias se hacen sin sustento técnico, los cargos se reparten como fichas de dominó, y cualquiera que se atreva a hacer preguntas acaba perseguido.
¿La joyita de la semana?. Una compra de más de 13 millones de dólares supuestamente para “habilitar espacios” ante el eventual retorno de la bicameralidad. Sí, ¡trece millones de dólares! Mientras escuelas se caen a pedazos y hospitales no tienen ni gasas. Nadie ha mostrado un plan detallado, ni un informe técnico que justifique semejante cifra. Pero ahí están, firmando cheques mientras la ciudadanía mira, con cara de espanto.
Y aquí entra Eduardo Salhuana, el congresista cuyo despacho es señalado en estas denuncias. Silva acusa hostigamiento y amenazas de parte de funcionarios vinculados directamente a él. Es decir, no solo se trataría de corrupción, sino también de intentar callar a quienes la denuncian.
Uno de esos funcionarios es Víctor Hugo Neciosup Santa Cruz, quien según el testimonio de Silva, se le acercó para “sugerirle” que estaba jugando con fuego. La grabaron, la fotografiaron, como si estuvieran operando en un thriller político y no en la casa de la democracia.
Por si todo esto fuera poco, a Silva y otros dirigentes sindicales les han abierto procesos disciplinarios. ¿Por qué?. Por decir, en una carta, que el Congreso está plagado de maltratos, irregularidades y designaciones dudosas. ¡Qué atrevimiento!. En lugar de investigar sus denuncias, han preferido perseguirla. Congreso style.
Mientras tanto, personajes como Salhuana continúan en sus curules, aparentemente más preocupados por mantener sus privilegios hasta el 28 de julio de 2026 que por rendir cuentas. Y nadie parece dispuesto a ponerles freno. Ni la Oficialía Mayor, ni la Comisión de Fiscalización, ni la mismísima Mesa Directiva que debería velar por la transparencia.
Porque en el Congreso, la verdadera política es el blindaje.
Se habla mucho de delincuencia organizada en el Perú. Se habla de bandas, de cupos, de redes de extorsión. Pero nadie quiere decir en voz alta que lo que ocurre dentro del Congreso se parece bastante a un sistema organizado para proteger intereses y castigar a quienes denuncian.
Mientras Salhuana y compañía se pasean por los pasillos alfombrados, Emely Silva teme por su seguridad y su empleo. Y con razón. Recordemos a Andrea Vidal, trabajadora parlamentaria asesinada en circunstancias oscuras. No es paranoia. Es Perú.
Reflexión Final
Este Congreso no legisla. Administra su propio ecosistema. Sus miembros se han convertido en gestores de favores, defensores de privilegios y, cuando es necesario, verdugos silenciosos de quienes rompen el pacto de silencio.
Mientras Dina Boluarte y su gabinete sobreviven al día a día, sin brújula ni liderazgo, la cueva sigue intacta. Y los millones siguen fluyendo.
Porque en el Perú, el crimen organizado no solo tiene balas y pistolas. A veces viste terno, cobra dieta y te sonríe desde el hemiciclo.
La verdadera pregunta es: ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el Congreso siga siendo la empresa privada más intocable del país?.