En pleno siglo XXI, mientras el mundo discute sobre inteligencia artificial, transición energética o exploración espacial, un comité de la ONU denuncia que Corea del Norte utiliza a personas con discapacidad como conejillos de indias en experimentos médicos y científicos. No se trata de un rumor: el informe habla de información creíble, de infanticidios autorizados en hospitales y de prácticas que huelen a eugenesia de manual. La indignación no basta; lo que ocurre es un recordatorio brutal de que la barbarie puede convivir con la modernidad cuando un régimen convierte la vida humana en descartable.
El documento del Comité de la ONU sobre los Derechos de Personas con Discapacidad es un catálogo de atrocidades. Personas con discapacidades psicosociales e intelectuales encerradas por “improductivas”. Mujeres esterilizadas sin su consentimiento. Niños asesinados en instalaciones médicas bajo “permiso oficial”. Y prisioneros castigados con violencia física, aislamiento o químicos porque no cumplen con cuotas de trabajo forzado. Todo esto en un país que, paradójicamente, es signatario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Firmar con una mano y torturar con la otra: la doble moral hecha sistema.
La crueldad va más allá de lo visible. El informe menciona que estas políticas no son solo actos aislados, sino medidas institucionalizadas: restricciones para casarse, para adoptar, para integrarse socialmente. El Estado no busca incluir, busca invisibilizar. Y cuando no puede hacerlo, elimina. Es la traducción contemporánea de una lógica eugenésica que debería estar enterrada junto con los peores capítulos del siglo XX, pero que hoy sigue respirando bajo el amparo de un régimen que no rinde cuentas.
Lo más inquietante es el silencio cómplice de la comunidad internacional. Corea del Norte no es un Estado cualquiera: es un socio geopolítico de potencias que, mientras condenan estos hechos en foros multilaterales, mantienen relaciones por conveniencia estratégica. La diplomacia de los derechos humanos suele estrellarse contra la pared de la geopolítica. Y mientras tanto, las víctimas —niños, mujeres, adultos con discapacidad— se convierten en simples estadísticas.
La denuncia de la ONU no puede quedar en una nota de prensa. Estamos frente a crímenes de lesa humanidad disfrazados de políticas sanitarias y sociales. Cada día que pasa sin acción internacional concreta es un día en que un niño con discapacidad puede ser asesinado en un hospital, o una mujer esterilizada contra su voluntad, o un prisionero degradado por no “producir lo suficiente”. El mundo no puede seguir actuando como si se tratara de “costumbres internas” de un régimen hermético.
Reflexión final
El caso de Corea del Norte es un espejo incómodo para todos: nos recuerda que los tratados internacionales pueden firmarse y traicionarse sin consecuencias reales. Nos recuerda que la vida de quienes son diferentes sigue siendo negociable en ciertos rincones del planeta. Y nos obliga a preguntarnos algo más profundo: ¿qué vale más, la vida de una persona con discapacidad o el cálculo político de las potencias? Mientras esa respuesta siga en manos de los intereses y no de la ética, la crueldad seguirá encontrando refugio en los silencios diplomáticos.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra