En un país donde la política suele parecer una tragicomedia sin final, Rafael López Aliaga ha soltado una bomba más: según su testimonio, en plena campaña presidencial de 2021, se ofreció una recompensa de 10 mil dólares por su cabeza. Literalmente. Con tono grave y épico, el ahora alcalde de Lima relató cómo los servicios de inteligencia le advirtieron sobre un plan para asesinarlo en Iquitos, mientras recorría el país en busca de votos. Una historia que, en cualquier democracia consolidada, activaría alarmas, investigaciones, y quizás hasta debates sobre seguridad nacional. En el Perú, sin embargo, genera titulares por un día y memes por el resto de la semana.
El relato de López Aliaga tiene todos los ingredientes de un thriller político: interceptaciones telefónicas, código secreto (“cabeza de chancho, 10”), francotiradores apostados en los techos y un político que se niega a usar chaleco antibalas “porque si me quieren matar, me disparan a la cabeza”. Lo dice con naturalidad, como si fuera parte del protocolo de campaña en el país. Y quizás lo es. Porque en un Perú donde la violencia política se ha vuelto parte del paisaje, la idea de que un candidato presidencial pudiera ser blanco de sicarios ya no sorprende, sino que se normaliza.
Pero el tema va más allá del morbo. ¿Qué dice este episodio sobre el clima político en el que nos encontramos? ¿Cuán deteriorado está nuestro sistema cuando un aspirante al sillón presidencial debe planificar mítines con francotiradores en los techos? ¿Y cómo es posible que este tipo de denuncias, con implicancias gravísimas, no detonen una investigación seria por parte del Estado ni generen mayor escándalo público?
Además, en medio de esta revelación, López Aliaga aprovecha para anunciar su retiro “temporal” de la alcaldía. ¿Casualidad? ¿Estrategia? ¿Campaña disfrazada de reflexión personal? Lo cierto es que se va justo cuando las encuestas lo ponen en primer lugar para las presidenciales de 2026, con un 11 % de intención de voto, por encima de Keiko Fujimori y Carlos Álvarez. En política, nada es gratuito. Y menos cuando uno invoca su “vida en juego” como argumento para dejar el cargo.
Y mientras tanto, la ciudadanía queda atrapada entre las balas, las encuestas y las anécdotas de campaña. ¿Qué se investiga? ¿Qué se archiva? ¿Qué se olvida? ¿Qué se viraliza? El Perú, otra vez, enfrenta su drama político en forma de espectáculo, donde el peligro de muerte se convierte en parte del guion electoral.
Que un político denuncie un intento de asesinato y que la noticia pase sin mayor consecuencia es un síntoma grave de nuestra normalización del absurdo. Peor aún si el anuncio sirve como telón de fondo para preparar una candidatura más. Rafael López Aliaga no solo revela un episodio de violencia que debió haber estremecido al país; lo utiliza como plataforma para decidir si vuelve a postular. Y lo hace con encuestas en mano, en medio de la desconfianza ciudadana, del caos urbano y de un sistema político colapsado.
Reflexión final
Vivimos en una democracia donde las balas coquetean con las urnas, y donde los francotiradores custodian la esperanza de cambio. Que el alcalde de Lima afirme que ofrecieron 10 mil dólares por matarlo no es solo una anécdota más: es un recordatorio brutal de que la política en el Perú se juega en un tablero donde la violencia, la impunidad y la ambición se entrecruzan peligrosamente. Si este país necesita una revolución, no es de armamento ni de candidatos mártires. Es una revolución ética. Porque cuando el precio de una vida se discute como si fuera el de un producto en remate, entonces la democracia ha dejado de ser un pacto, para convertirse en un riesgo de muerte.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra