Keiko Fujimori ha decidido —una vez más— disfrazarse de mártir democrática. Esta vez, lanza un dramático “¡auxilio, comunidad internacional!” porque la Fiscalía de la Nación ha osado hacer lo impensable: aplicar la ley y solicitar la cancelación de Fuerza Popular por presunta conducta antidemocrática.
Una movida que, en cualquier país serio, sería parte del equilibrio institucional. Pero claro, esto es Perú, donde la legalidad se interpreta según el carnet partidario. Y aquí, los que secuestran el Congreso, boicotean presidentes y denigran a la Corte IDH… lloran por “atentados a la democracia”. ¡El cinismo ha alcanzado categoría olímpica!
Keiko tuitea indignada, denuncia persecución, y habla de “fiscales politizados”. Irónico, viniendo de quien convirtió al Congreso en su feudo personal durante cinco años, torpedeó a dos presidentes, y ahora se victimiza por una investigación que simplemente hace eco de todo lo que ya sabíamos: Fuerza Popular es al respeto democrático lo que el petróleo es al ecosistema amazónico.
¿Y quién corre a defenderla? Dina Boluarte y sus ministros, por supuesto. Porque en el Perú del 2025, la separación de poderes es una anécdota nostálgica. El Ejecutivo sale al rescate del fujimorismo como si Keiko fuera Juana de Arco y la Fiscalía la Santa Inquisición. ¿El motivo? Intercambio de favores. Votos por impunidad. Silencios a cambio de blindajes. Así se construyen hoy las “alianzas democráticas”.
Pero la joya de la desfachatez no es Keiko llorando por la democracia. Es que su propio partido exige salirse de la Corte IDH mientras denuncia a gritos su exclusión del juego político. ¿No era esa corte “proterrorista”? ¿No eran “caviares” metiches? ¿O es que los derechos humanos solo valen cuando se trata de defender al patriarca Alberto?
El doble discurso del fujimorismo es ya patrimonio cultural: cuando les conviene, claman por el Estado de derecho; cuando no, lo incendian. Y el Congreso —ese lodazal multipartidario— guarda silencio, como buen cómplice que teme que algún día la ley también toque su puerta.
No es persecución, es justicia con retraso. La Fiscalía no ha hecho otra cosa que actuar en función de las normas. El artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas permite cancelar la inscripción de un partido por actuar contra el sistema democrático. La pregunta no es si se puede, sino por qué diablos no se hizo antes.
¿Conducta antidemocrática? Sobra. Desde el sabotaje institucional al uso de la violencia simbólica y verbal. Desde blindar corruptos hasta promover leyes que debilitan el sistema de justicia. Si Fuerza Popular sigue existiendo es más por cobardía del sistema que por inocencia jurídica.
Reflexión final
La verdadera amenaza a la democracia no es que se investigue a Fuerza Popular, sino que partidos con historial antidemocrático tengan bancada, financiamiento público y acceso permanente al poder. Keiko no está en peligro: es el sistema el que lleva años secuestrado por ella y sus aliados.
Así que no nos confundamos. Lo que estamos viendo no es una persecución. Es el primer suspiro de una justicia que ha estado anestesiada por décadas. Si finalmente abre los ojos, no será gracias a la voluntad de los políticos, sino al hartazgo de una ciudadanía que —esperemos— ya no come cuento, ni tuits lacrimógenos, ni victimismos calculados.