El discurso de Donald Trump en la ONU, cargado de amenazas contra Nicolás Maduro y acompañado de ejercicios militares de desembarco en el Caribe, revela un escenario complejo que va más allá de la retórica. Mientras Washington habla de “aniquilar” a los narcotraficantes vinculados al régimen venezolano, Caracas responde con acusaciones de injerencia y victimización. Sin embargo, en el trasfondo de esta disputa, persiste una verdad incómoda: Venezuela, bajo el mando de Maduro, se ha convertido en un terreno fértil para el narcotráfico, la corrupción y el debilitamiento institucional, factores que sostienen una crisis prolongada que afecta directamente a su población.
La denuncia internacional contra el régimen venezolano no surge de la nada. Organismos multilaterales, investigaciones periodísticas y testimonios de desertores del chavismo han mostrado indicios sólidos de cómo sectores del Estado se han vinculado con redes criminales. El llamado “Cartel de los Soles”, conformado presuntamente por altos mandos militares, ha sido señalado como pieza clave en la salida de droga hacia el Caribe y África. Negar este entramado sería cerrar los ojos ante una realidad que ha convertido a Venezuela no solo en un país en crisis política, sino también en un nodo estratégico del narcotráfico internacional.
El impacto de este entramado va más allá de las fronteras venezolanas. Los corredores marítimos y aéreos que parten de sus puertos son utilizados por carteles y organizaciones criminales que afectan la seguridad de toda América Latina. La paradoja es que, mientras Maduro habla de soberanía y acusa a Estados Unidos de querer imponer un “cambio de régimen”, su propio gobierno ha permitido la erosión de esa soberanía al entregar el control de vastos territorios a grupos armados y mafias. En lugar de fortalecer el Estado, lo ha vaciado para sostenerse en el poder.
No obstante, la respuesta estadounidense tampoco está libre de críticas. Las operaciones militares letales, sin evidencia pública contundente ni supervisión internacional, plantean interrogantes sobre la legalidad y la proporcionalidad del uso de la fuerza. Pero esto no debe distraer de lo esencial: la causa estructural de esta escalada se encuentra en la incapacidad —o complicidad— del régimen de Maduro para erradicar el narcotráfico y proteger a su propio pueblo de la violencia y la pobreza que lo expulsan masivamente hacia la migración forzada.
La crisis venezolana no puede reducirse a un enfrentamiento entre Trump y Maduro. Es, sobre todo, el resultado de años de corrupción, autoritarismo y entrega de los recursos del Estado a redes criminales que han devastado la vida cotidiana de millones de venezolanos. Estados Unidos puede pecar de exceso de fuerza, pero Nicolás Maduro carga con la responsabilidad histórica de haber convertido a Venezuela en un epicentro de criminalidad y en un país en el que la población paga con hambre, represión y exilio el costo de un régimen que niega la democracia.
El debate no debería centrarse solo en las amenazas externas, sino en cómo se devuelve a los venezolanos la posibilidad de vivir en un país sin mafias ni militarización política. La verdadera condena internacional no debe venir únicamente de Washington, sino de un consenso global que exija a Maduro rendir cuentas por haber hipotecado la soberanía de Venezuela al crimen organizado y al autoritarismo.