En el Perú del 2026, votar se ha vuelto un acto de fe. Y no precisamente por convicciones políticas, sino porque el elector promedio —ese ciudadano que madruga para evitar la fila— lo hace con la amarga certeza de que no solo el candidato tiene padrinos, sino que algunos vienen armados, encapuchados y con maletines de billetes calientes. Según el último reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP, el 78% de los peruanos cree que las economías criminales influirán en las próximas elecciones. No es paranoia, es experiencia. ¿Quién necesita debates cuando se puede comprar el voto —o al candidato— con dinero sucio?
El crimen organizado ya no se esconde. Tiene partidos, planchas completas y hasta estrategas de campaña. En un país donde existen más de 70 mil denuncias por extorsión, ¿realmente sorprende que la política haya terminado colonizada por las mafias? Lo alarmante no es solo el dato, sino la resignación: más de la mitad de los ciudadanos cree que estas redes ilegales influirán directamente en el próximo gobierno y en la elaboración de leyes. Y sí, esas mismas leyes que deberían combatirlas.
El Congreso, ese club cada vez más exclusivo para los que no tienen escrúpulos ni currículum limpio, ahora podría recibir refuerzos con prontuario. Con más de 10 mil candidatos compitiendo por 263 escaños, muchos desde regiones tomadas por el narcotráfico y la minería ilegal, no sería raro que el próximo presidente del Parlamento tenga experiencia no en derecho parlamentario, sino en lavado de activos.
La situación es tan grotesca como dolorosa. En los últimos tres meses, más de 3.5 millones de peruanos fueron víctimas de robo al manejar dinero en efectivo. Mientras tanto, el Estado responde como si el problema fuera una llanta pinchada: colocando parches, interpelando ministros sin rumbo, o proponiendo absurdos como armar a los choferes. ¿Y qué sigue? ¿Un patrullero por cada combi? ¿Un fiscal por cada cajero automático?
Mientras la ciudadanía sobrevive —algunos literalmente—, los gobiernos regionales y locales se pasan la pelota. El gobernador del Callao, por ejemplo, ante el aumento de la criminalidad, simplemente se lava las manos: “No es nuestra competencia en su totalidad”, dijo, como quien señala que el incendio es culpa del clima.
La desarticulación institucional ya es caricaturesca: el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que debería estar en sesión permanente, solo se ha reunido dos veces este año. Pero eso sí, para aprobar recursos a Petroperú o blindar congresistas, los plenos vuelan.
Y como si la ineficiencia no bastara, el Proyecto de Ley de Presupuesto Público 2026 contempla una reducción de S/569 millones en seguridad ciudadana. Mientras las economías ilegales manejan presupuestos de empresa multinacional, el Estado recorta, minimiza y balbucea. Eso sí, siempre listo para declarar estados de emergencia que no emergen nada, salvo comunicados.
Estamos al borde de una elección donde los carteles podrían tener más presencia que los partidos. La corrupción ya no es el cáncer de la política: es su columna vertebral. Y lo más trágico es que hemos normalizado esta infiltración. La ciudadanía ya no se pregunta si hay criminales en campaña, sino cuántos.
Reflexión final:
Si el crimen organizado se apodera del poder político, ya no hablaremos de democracia sino de delincrocracia. Y en ese nuevo orden, el voto ciudadano no será una herramienta de cambio, sino una formalidad dentro de una farsa. El Perú merece más que balas disfrazadas de votos y candidatos que juramentan con las manos sucias. Porque si permitimos que los matones legislen, pronto también escribirán la Constitución. Y lo harán, claro está, en clave mafiosa.