La posibilidad de que Washington extienda a tierra sus operaciones contra el narcotráfico en Venezuela y Colombia reconfigura el tablero hemisférico. El propio senador Lindsey Graham afirmó que el presidente Donald Trump planea informar al Congreso sobre operaciones militares futuras, pasando de ataques marítimos a incursiones terrestres. No se trata de una figura retórica: desde septiembre, la Casa Blanca ha reconocido acciones en el Caribe y el Pacífico, con saldo de naves hundidas y decenas de muertos.
La lucha contra el crimen organizado exige firmeza; la pregunta es cómo. Llevar el combate al territorio de países soberanos sin un marco jurídico sólido —mandato del Congreso con alcance y límites, autorización de los Estados afectados o amparo multilateral— erosiona el derecho internacional y aumenta el riesgo de escalamiento. La narrativa de “guerra contra las drogas” ha demostrado ser ineficiente cuando privilegia la fuerza por sobre la inteligencia, la cooperación judicial y la persecución financiera de redes transnacionales. Los golpes sin evidencia verificable pueden generar daños colaterales, alimentar propaganda autoritaria y desplazar el problema sin resolverlo.
Colombia y Venezuela, con instituciones y realidades distintas, comparten fronteras porosas y economías criminales que mutan rápido. Una intervención unilateral puede desarticular esfuerzos locales, dividir alianzas regionales y desplazar población civil. En el caso colombiano, donde la cooperación con EE. UU. ha sido clave por décadas, la expansión sin reglas claras puede minar la legitimidad de políticas compartidas; en el venezolano, puede radicalizar al poder de facto y cerrar aún más las ventanas humanitarias. Graham, partidario de profundizar el uso de la fuerza, asume una “autoridad” presidencial amplia; sin embargo, ya hay voces en el propio Congreso que cuestionan la legalidad y conveniencia del enfoque actual. Ese desacuerdo es señal de que la urgencia no justifica atajos.
Existen alternativas probadas: inteligencia coordinada con metas y verificación independiente; interdicción basada en evidencia y no en cuotas; cooperación fiscal y aduanera para congelar flujos; control penitenciario que corte el mando criminal intramuros; y estrategias de desarrollo y prevención que reduzcan la cantera de reclutamiento. La seguridad también es institucionalidad: sin datos abiertos, reglas de uso de la fuerza y rendición de cuentas, cualquier “éxito” es frágil.
El dilema no es tolerar al narcotráfico ni romantizar su violencia. Es escoger entre un atajo militar con alto costo político y humano, o una estrategia dura pero legal, cooperativa y medible. Si la Casa Blanca quiere resultados, que empiece por el derecho: mandato claro del Congreso, coordinación real con Bogotá y garantías para la población civil. La fuerza sin consenso puede ganar una noticia; la cooperación con reglas es la única que gana paz.